La noche del domingo, cuando Fiscalía allanó la empresa de seguridad y gestión de riesgos de Guayaquil, Segura EP, no solo tomó las instalaciones de la entidad municipal, sino que puso en tensión la autonomía local. Para la constitucionalista Ericka Zapata, el Gobierno puede fiscalizar, pero no disponer de bienes financiados por el Municipio. El límite, advierte, está en la Constitución.. (Lea también: Allanamiento en Segura EP:... + Leer noticia completa
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