Según supo El Observador con fuentes del Ministerio de Ganadería, lo que ordenó la Justicia fue un interdicto, lo cual implica que la empresa no pueda hacer ningún movimiento de entrada o salida de ganado. Se trata de una medida cautelar que suele aplicarse ante este tipo de denuncias. Esto había sido solicitado por el abogado de un grupo de inversores afectados, Juan Pablo Decia. El ministerio emitió un comunicado sobre el tema en el que... + Leer noticia completa
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