El concejal de Santa Cruz de la Sierra, Federico Morón, denunció que un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ordena a la Alcaldía emitir, “si corresponde”, los lineamientos técnicos de urbanización en favor de un privado en el Cordón Ecológico, un área de protección. La decisión judicial establece un plazo de 60 días para que la Secretaría Municipal de Planificación (Semplad) emita una nueva resolución administrativa sobre la solicitud del privado.

Morón señaló que el fallo favorece a un propietario que alega tener derecho sobre 100 hectáreas en la zona, logrando una decisión a su favor en cinco de ellas. Según explicó, la Sala Constitucional Primera dejó sin efecto la Resolución Administrativa 29/2023, disponiendo que se emita una nueva resolución considerando los derechos de propiedad privada y aplicando un test de razonabilidad y proporcionalidad. Además, declaró la inaplicabilidad de la Ley Municipal 1434/2021 y la Resolución 114/2021 en este caso.

El concejal criticó la determinación, señalando que el TCP habría excedido sus competencias al resolver, mediante un amparo, un tema que corresponde a un control abstracto de constitucionalidad. “La Sala Constitucional resolvió una medida absurda: que en 60 días Semplad establezca lineamientos técnicos para la urbanización del terreno y, en caso de incumplimiento, el Ejecutivo Municipal proceda a expropiar, violando principios fundamentales del derecho urbanístico y de la seguridad jurídica”, manifestó.

Morón advirtió que este fallo sienta un precedente peligroso, permitiendo que otros privados vulneren el Cordón Ecológico a través de amparos constitucionales. También alertó sobre un posible negociado de gran magnitud, comparando su impacto económico con el caso del mercado Mutualista. Según el concejal, en la zona hay al menos 86 personas que reclaman derechos propietarios, lo que podría derivar en una mayor afectación al área protegida.

El concejal concluyó señalando que estas acciones evidencian una preocupante instrumentalización de la justicia en favor de intereses privados, poniendo en riesgo el orden normativo y la seguridad jurídica en la ciudad.