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Vía: Infobae |
El convenio es parte del Acuerdo Interinstitucional de Cooperación Migratoria, suscrito en diciembre del año pasado entre Santiago y La Paz tras la visita del ministro de Gobierno boliviano, Eduardo del Castillo, en el que dicho país aceptó la reconducción de ciudadanos no bolivianos, algo que hasta ahora no sucedía.
Así las cosas, a partir de hoy si la policía o miembros del ejército interceptan a un ciudadano -sea boliviano o de un tercer país- en un radio de 10 kilómetros al interior de territorio chileno, será conducido a la Policía de Investigaciones (PDI), quienes procederán a realizarle un registro biométrico y luego entregarlo a la policía boliviana.
Con esto se busca que “quienes quieran cruzar la frontera lo hagan legalmente; que nadie aproveche el hecho de que tenemos una frontera bastante sinuosa -por el hecho de que está situada en la cordillera- para vulnerar el deber que tiene el Estado de controlar la circulación en el límite fronterizo", aseguró la titular de Interior tras estampar su rúbrica en una ceremonia en la Casa Grande del Pueblo en La Paz.
Según Tohá, Chile deberá acreditar “a través de algún medio razonable que, efectivamente, esa persona cruzó desde el país vecino, y esos medios pueden ser múltiples: que tenga documentos que dan cuenta que estaba alojada en un hotel o que ocupó un medio de transporte del país vecino, o que tiene una boleta de que hizo una compra, o bien que los agentes de la seguridad al momento de detectarlo le saquen una fotografía georreferenciada que da cuenta que está atravesando irregularmente, sin documentos”, detalló.
“Lo que estamos haciendo con estos acuerdos es que la legislación de nuestros estados se cumpla en la frontera”, agregó.
La autoridad explicó que el convenio incluye “el control de la circulación de personas de otras nacionalidades que pueden vulnerar las leyes migratorias de nuestros países, para que ambos países colaboremos en que esas circulaciones se hagan de acuerdo a la ley, sin vulnerar la ley ni de Chile ni de Bolivia”.
Crisis migratoria
Cabe señalar que a fines de noviembre del año pasado, el Congreso chileno aprobó las modificaciones a la Ley de Migración y Extranjería -introducidas debido a la crisis migratoria y al descontrol existente en la frontera norte-, las que endurecen los requisitos para ingresar al país y las causales de expulsión y aumenta de 5 a 10 años el tiempo de residencia para iniciar el proceso de nacionalización. También establece un registro de extranjeros, prohíbe la entrada de menores no acompañados y eleva las sanciones por delitos vinculados al tráfico o transporte de migrantes.
El acuerdo suscrito con Bolivia llega justo en el momento en que se han detenido las expulsiones de ciudadanos venezolanos que ingresan de manera irregular al país, debido al quiebre de las relaciones bilaterales con ese país.
De paso, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, también suscribió un convenio que permite homologar los documentos de conducir entre ambos países, con el fin de hacer más expedita la circulación de ciudadanos chilenos y bolivianos y facilitar el intercambio comercial con el país vecino.
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