El nivel de inversión privada en las cooperativas mineras bolivianas permanece en la penumbra debido a su carácter ilegal. Así lo reveló el expresidente de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), Héctor Córdova, quien denunció la existencia de asociaciones no registradas entre cooperativas y empresas privadas.
“Hay sectores que desde mi punto de vista no están registrando todo lo que debería ser; cuando vemos las alianzas entre cooperativas y empresas privadas que aportan capital, sobre todo, esto se sabe, lo hemos visto, lo hemos podido comprobar en vivo y en directo”, afirmó Córdova a ANF.
Córdova explicó que las cooperativas, al necesitar financiamiento para iniciar operaciones o expandirse, buscan inversores privados que aporten capital en forma de maquinaria y equipos. Sin embargo, estos acuerdos se realizan al margen de la ley.
“Cuando una organización nueva está necesitando capital, busca inversores, los encuentra y hacen acuerdos para que el inversor aporte con maquinaria, con equipos y finalmente se queda con 70%, con el 80% de la producción”, detalló.
Este tipo de asociaciones contraviene la Ley de Minería vigente en Bolivia, que prohíbe la vinculación entre cooperativas mineras y empresas privadas. Debido a esta ilegalidad, los acuerdos no se registran oficialmente, lo que impide conocer con precisión el volumen de inversión y su impacto en el sector.
“La Ley de Minería prohíbe este tipo de asociaciones y, por lo tanto, no se las puede registrar. Entonces, no aparecen en las estadísticas todos los números con los que están aportando estos inversores privados, y hay inversores nacionales importantes”, subrayó Córdova.
El expresidente de Comibol también señaló que la presencia de maquinaria moderna y costosa en regiones como el norte paceño sugiere la participación de importantes capitales privados. “Uno se pregunta de dónde sale tanta maquinaria, tanto equipo que se ve en el norte paceño. Alguien está poniendo el capital para que esto se dé”, puntualizó.
Además de inversiones nacionales existen intereses extranjeros en las cooperativas mineras, principalmente auríferas, donde destacan capitales chinos, peruanos y colombianos. Por la débil capacidad operativa del Estado, estos capitales siguen llegando de manera clandestina al país y reciben como pago la mayor cantidad de la producción de oro.
La normativa vigente no solo prohíbe estas asociaciones, sino que también imposibilita su regularización, lo que crea un entorno de opacidad que, según Córdova, perpetúa un círculo vicioso.
“Lo triste es que la normativa que prohíbe estas asociaciones impide también al mismo tiempo que se las registre cuando se dan”, lamentó.
El experto resaltó la necesidad de actualizar el marco normativo para resolver estas contradicciones y adaptarlo a las realidades actuales del sector minero. “Ya es tiempo de cambiar nuestra normativa minera en varios aspectos. Tiene más de 10 años de vigencia y tantos tropezones obligan a hacer una evaluación profunda, modificaciones donde hay que hacer”, enfatizó.
El tema de las cooperativas mineras y sus asociaciones con capital privado no es nuevo, pero sigue siendo un problema sin resolver en Bolivia. A pesar de los esfuerzos por formalizar el sector, las restricciones legales han llevado a que muchas de estas asociaciones se mantengan en la informalidad, privando al Estado de una fuente significativa de ingresos fiscales.
Fuente: FGE