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Satterthwaite se refirió a ese tema, mientras Bolivia actualmente se encuentra en un contexto conflictivo con bloqueos de caminos de parte del evismo que este viernes inicia el quinto día consecutivo de la medida de presión, el diálogo parlamentario convocado para el lunes de la próxima semana y el perjuicio económico para varios sectores productivos del país.
Observó, como lo hizo en un comunicado anterior, que aún no exista una fecha concreta para la realización de las elecciones judiciales. Señaló que cumplir el derecho a juicio justo requiere de magistrados que tengan seguridad en el cargo y sean nombrados conforme a la legislación, por lo cual es importante hacer la preselección de candidatos a magistrados de manera transparente y con la participación de la sociedad civil.
La Relatora recordó también la visita que hizo a Bolivia en 2022 su predecesor Diego García-Sayán. Destacó que ese fue un paso correcto en el horizonte de mejorar la independencia judicial y alentó a qué Bolivia implemente las recomendaciones emitidas entonces.
El cuestionario respondido por la Relatora
¿Cuáles son los compromisos que hizo Bolivia con la comunidad internacional para mejorar la justicia en el país? ¿Cuáles cumplió y cuáles no?
Cuando Bolivia tomó la decisión soberana de ratificar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) en agosto de 1982, adquirió la obligación de garantizar el derecho a un juicio justo para todos y todas en Bolivia. Este es el artículo 14 del Pacto. El cumplimiento del derecho a un juicio justo es siempre una tarea en ejecución, de implementación constante.
¿Observa usted que Bolivia hace esfuerzos para mejorar el tema de la independencia judicial?
Bolivia recibió una visita de este mandato en 2022, esto ya es un paso en la dirección correcta. Aliento a Bolivia a implementar las recomendaciones hechas por mi predecesor, contenidas en su informe de visita.
¿Cuáles serían las consecuencias institucionales de un mayor retraso en las elecciones judiciales de Bolivia?
Creo que sólo un especialista en la Constitución boliviana podría predecir las consecuencias institucionales de un mayor retraso. Lo que sí puedo decir es que el derecho a un juicio justo requiere de juezas, jueces y magistrados/as que tengan seguridad en el cargo y que hayan sido nombrados/as de conformidad con la legislación vigente. Por eso es importante llevar a cabo las elecciones judiciales lo antes posible, después de que las y los candidatos hayan sido preseleccionados por la Asamblea Legislativa Plurinacional de manera inclusiva y transparente, con el compromiso y la participación de la sociedad civil.
¿Le preocupa a usted los efectos de la prórroga en el mandato de los altos magistrados?
Como dije en mi comunicado de prensa, me preocupa que, al no haber una fecha fija para las elecciones judiciales, la prórroga sea indefinida.
¿Ha recibido usted denuncias de uso político del Poder Judicial o lawfare en Bolivia? ¿Hace el monitoreo?
Como Relatora Especial, recibo quejas de todo el mundo relacionadas con la independencia de jueces y abogados. Las cartas que envío sobre estos casos se hacen públicas, por lo que pueden consultarlas en la base de datos de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos para ver las que han sido enviadas a Bolivia.
¿Podría usted afirmar que en Bolivia se respeta el Estado de Derecho, el debido proceso y la independencia judicial?
No es posible que un Relator Especial haga este tipo de evaluación en un instante. Tenemos un mandato que abarca todo el mundo y tratamos de apoyar a los países en sus esfuerzos por garantizar la protección de los derechos humanos y, en mi caso en particular, la independencia del poder judicial. Nosotros dialogamos con los países cuando surge la necesidad, y por eso hablé con las autoridades bolivianas sobre el retraso en las elecciones judiciales y luego emití un comunicado público.
¿Consideran ustedes que la corrupción es un problema grave que tiene la justicia boliviana?
La corrupción es un problema mundial que todos los poderes judiciales deben afrontar. Disminuye la confianza pública en la justicia y debilita la capacidad de los sistemas judiciales para garantizar la protección de los derechos humanos, y afecta las tareas y deberes de las y los jueces, fiscales, abogados y otros profesionales del derecho. En lo que se refiere a la situación en Bolivia, le invito a que consulte el informe de la visita de mi predecesor.
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