Argentina reconoce ya abiertamente que tiene problemas para afrontar el pago de la indemnización de 16.000 millones de dólares por la expropiación de YPF a Repsol al tiempo que alerta a Burford de que tendrá problemas su trata de ejecutar la sentencia.
Vía: El Economista |
Rodolfo Barra, Procurador del Tesoro, una suerte de Abogado General del Estado, ha desvelado en las últimas semanas la estrategia legal que planteará el Gobierno de Javier Milei ante la decisión del Juzgado del Distrito Sur de Nueva York de reclamarles una garantía por este pago para evitar que la sentencia de la juez Loreta Preska se pueda comenzar a ejecutar.
Según ha indicado Barra en una entrevista con el diario La Nación, "no sé si vamos a poder dar esa garantía porque han pedido las acciones de YPF, que no podemos entregarlas, o los ingresos por Yacyretá y la situación económica del país tampoco permite esto. Esperamos que la Justicia comprenda esta situación, más allá de que el actor tendrá dificultades si trata de ejecutar la sentencia".
Barra, no obstante, desveló que el próximo 10 de enero Argentina apelará la sentencia y tendrá hasta el 22 de febrero para poder desarrollar sus argumentos. No obstante, la espada de Damocles del 10 de enero sigue vigente para el país.
"Vamos a plantear la apelación y discutir el fondo de la cuestión, pero habrá leído que el Presidente expresó que tiene voluntad de pagar y en algún momento tendremos que discutir un acuerdo porque la Argentina tiene que cumplir con todos sus compromisos, aunque discutiremos la cifra porque creemos que hay un error de varios miles de millones de dólares" indica Barra.
Argentina trabaja ya en tres argumentos básicos para apelar la sentencia de Preska. Por un lado, considera que la decisión de la juez no tiene en cuenta que la expropiación fue un acto de soberanía del gobierno argentino o el daño que causó a la propia economía argentina.
Curiosamente, el Gobierno argentino pretende también defenderse amparándose en la participación de Repsol en la crisis económica argentina de 2001, aunque no explican cómo van a justificar este asunto.
Posteriormente, en una entrevista con el diario Clarín, el Procurador ha añadido que "si no damos la garantía, la sentencia ya podría ser ejecutada. Nosotros no podemos dar las acciones de YPF como garantía porque lo prohíbe la ley de Soberanía Hidrocarburífera que se sancionó para permitir la reestatización de YPF en el 2012. En principio, trataremos de pedir otra prórroga o negociar otra garantía. No puedo hablar mucho porque a nuestros abogados nos piden no hacer muchas declaraciones públicas. Pero yo estoy esperando un fallo sobre la cuestión de fondo de la Cámara que, creo, llegará rápido".