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Por: Waldo Albarracín Sánchez |
La razón de existencia de un sistema judicial en cualquier país obedece a la necesidad de que uno de los poderes del Estado, en ejercicio de la soberanía que se ejerce a nombre del pueblo, desarrolle la sagrada misión de impartir precisamente justicia, ante eventuales controversias emergentes entre personas particulares, por diversas razones, económicas o de otra índole o, las que se susciten entre el Estado con particulares. Este mismo sistema ejercerá la imprescindible tarea de llevar adelante procesos penales contra personas acusadas de la comisión de delitos a instancias de particulares o del Ministerio Público (Fiscalía), en atención a la pretensión punitiva que le asiste al Estado para sancionar conductas delictivas cometidas dentro su territorio.
Es de tanta trascendencia esa misión, que los servidores públicos encargados de esa función jurisdiccional que se ejerce a nombre del pueblo (el verdadero soberano), deben ser las personas más idóneas, en términos de: Capacidad, versación sobre la ciencia del derecho, especialmente sobre la materia que guarde relación con el tipo de casos que debe atender. No sólo eso, sino que, esa tarea de administrar justicia, se la debe ejercer bajo referentes bioéticos insoslayables, como los principios de igualdad de las partes, transparencia, imparcialidad, celeridad, gratuidad, honestidad, legalidad y, sobre todo con la debida independencia frente a los otros poderes del Estado.
Un sistema judicial que desarrolle sus funciones bajo los parámetros antes descritos, será la garantía suficiente para que el Estado de derecho se materialice plenamente y a partir de ello el sistema democrático se vea fortalecido, lo cual dará lugar a la confianza y respeto de la ciudadanía en el colectivo de jueces y magistrados encargados de esta delicada e importante misión.
Sin embargo, la sociedad política boliviana, angurrienta de poder, no satisfecha con controlar el Órgano Ejecutivo, en diferentes coyunturas, a través de gobiernos con orientación política diversa, izquierdistas, derechistas, centristas, pachamamistas y otros, se encargaron a su turno de generar los mecanismos que les permita controlar desde el gobierno el andamiaje del sistema judicial, digitando la designación y/o elección de los administradores de justicia, precisamente para garantizar que los fallos judiciales, incluyendo los requerimientos fiscales sean emitidos acortde a la voluntad y conveniencia del partido de gobierno.
Para consolidar ese antidemocrático objetivo, los juristas capaces, profesionales éticos, honrrados, honestos, son los menos indicados, sin temor a exagerar, me animo a afirmar enfáticamente que, los gobiernos necesitaron y necesitan abogados con un perfil absolutamente antagónico. Hablando más claro, la condición sine cuanom para acceder a esos cargos especialmente en la alta magistratura, consiste en la predisposición permanente a obedecer los instructivos provenientes del poder político. Así acontecio cuando los gobiernos de tendencia neoliberal y actualmente con el MAS, haciendo particular énfasis en el Tribunal Constitucional, cuyas sentencias son determinantes. Así lo comprendieron los políticos, ahí encontramos el motivo e interés obsesivo por “colocar” a sus adláteres en tan importante función.
Obviamente un juez o magistrado honesto, caracterizado por la ética en su labor profesional, no se prestará jamás a la presión, prebenda o soborno proveniente de los “dueños del Órgano Judicial y del Ministerio Público”, por ello el actual gobierno acude al “mal necesario”, es decir a “abogansters” para a través de ellos controlar el sistema de administración de justicia, aunque hablando con propiedad se trata de un sistema de injusticia. La impunidad de los que incumplen resultados de un referendum de efecto vinculante, que por casualidad son los mismos que incurren en fraude en las elecciones, es la prueba contundente del efectivo control político sobre la magistratura y el Ministerio Público. ¿Piensan que exagero en mis apreciaciones?, es fácil comprobar. Sugiero a cualquier medio de difusión desplazar su equipo por las calles de varias ciudades del país por una horas para preguntarle a la ciudadanía si cree o confía en la justicia boliviana. Estoy seguro que, de 500 personas que pregunten. 501 les dirán que no creen ni confían. Ese es el estado actual de nuestro sistema de administración de justicia, a consecuencia del control fáctico que sobre éste se ejerce desde el poder político.
Por ello considero de suprema importancia la búsqueda de soluciones estructurales, las cuales no se materializan en plazos cortos. Es parte de un proceso que debe iniciarse inmediatamente. Para empezar, insistiré en una propuesta que se planteó en otras oportunidades. Soy un convencido que ese proceso de saneamiento del sistema judicial se lo debe iniciar desde el interior y para el cumplimiento de tan importante tarea es necesario generar liderazgos dentro el Órgano Judicial, incluso el propio Ministerio Público. Se trata de involucrar en este cometido a los juristas más connotados del país que gocen de credibilidad ciudadana y dentro el foro profesional. Existen muchos.
Para hacer realidad esta aspiración, es imprescindible que se produzca un histórico desprendimiento de las tiendas partidarias con presencia parlamentaria, de modo que, en una decisión consensuada, viabilicen la llegada a la alta magistratura de una gama de juristas probos capaces de garantizar independecia, imparcialidad, vocación de justicia. Ellos, a través de un liderazgo avalado por la ciudadanía, pueden ayudarnos a iniciar ese proceso histórico de saneamiento del sistema judicial.
En momentos de incertidumbre generalizada por el inminente fenecimiento del mandato de los miembros de la alta magistratura, se impone la priorización del objetivo democrático y del país. Los protagonistas políticos tienen la oportunidad histórica de contribuir a este logro, a través de una sencilla pero importante actitud, subordinar su interés partidario al interés nacional.
| Waldo Albarracín Sánchez es abogado y defensor de Derechos Humanos.
