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El Ministerio Público presentó una resolución de ampliación de imputación contra los líderes cruceños que impulsaron la protesta por el Censo y ahora son investigados por varios delitos, entre ellos terrorismo, por ese motivo el caso llegará a La Paz.
Vía: Unitel |
El vicerrector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Reinerio Vargas, consideró que detrás de la imputación en su contra por los 36 días de paro por el Censo está el Gobierno, al que acusó de ejecutar un plan de persecución contra los opositores.
En ese contexto, denunció la “instrumentalización” de la justicia para sustentar este caso, que activó la alerta de los sectores cruceños que se movilizaron para exigir que el censo se desarrolle en los plazos previstos por la ley ante la decisión del Gobierno de su postergación.
Vargas apuntó al Gobierno “que está prácticamente persiguiendo, haciendo persecución a todos los que pensamos diferente y era algo que uno no lo desea, pero lo espera porque no estamos viviendo en democracia y la justicia está pues sometida al gobierno y entonces ellos van a querer someternos”.
El Ministerio Público presentó la resolución de ampliación de imputación formal contra los líderes cruceños que impulsaron la protesta y ahora son investigados por la presunta comisión de los delitos de “terrorismo, resoluciones contrarias a la Constitución, racismo, discriminación, atentados contra la libertad de trabajo, asociación delictuosa y perturbaciones del orden público”, entre otros.
De acuerdo con el documento de la Fiscalía, entre los imputados se encuentran el expresidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo; el rector y el vicerrector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuellar y Reinerio Vargas, y el asesor legal del Comité Interinstitucional, José Luis Santistevan.
Vargas puso en mesa el proceso contra un líder cívico de Puerto Quijarro, Santa Cruz, señalado por la muerte de una persona en el inicio de la protesta por el Censo en esa región.
“Ayer lo han traído por los mismos problemas a un presidente cívico de Quijarro, lo han traído preso. Ahora nosotros nos quieren imputar”.
Proceso en La Paz
En ese marco, cuestionó la figura penal de terrorismo que usa la Fiscalía para trasladar el proceso a la ciudad de La Paz en rigor a un decreto del gobierno de Evo Morales que en su criterio “viola la Constitución”.
“Nosotros no hemos hecho ningún terrorismo y lo vuelvo a ratificar, pero en cuestiones legales, si viviéramos en un Estado de derecho, eso no fuera admitido. Pero como no es así, le ponen ese término”, señaló.
Vargas apuntó a los ministros de Justicia, Iván Lima, y de Gobierno, Eduardo Del Castillo, como los artífices de este caso e insistió en que “todas las otras imputaciones deberían ser procesadas en Santa Cruz, pero no lo hacen porque ya ponen lo otro, el terrorismo, ya deben tener hasta la sentencia del ministro, porque es una persona nefasta”.
“Él, el ministro del interior y el presidente tienen un libreto. Estos tipos son terroristas de Estado. Nos quieren someter a todos y ya lo deben tener en el libreto”, indicó.
En criterio del vicerrector, “utilizan, instrumentalizan a fiscales o jueces, algunas personas que firmen” con el objetivo de demostrar la “legalidad” del proceso. “Pero se equivocan, porque no les tenemos miedo”, afirmó.
“Yo se lo aseguro que el pueblo no lo va a permitir. Y eso siguen en la misma dinámica, le va a pasar lo mismo que a Evo. Van a tener que huir porque son cobardes. Solamente se han hecho los buenos porque utilizan, amedrentan. Pero ellos como personas son cobardes”, indicó.
Si hay una imputación contra los líderes del paro de 36 días en el dos mil veintitrés, ¿qué debe hacer la justicia con los bloqueadores que cortaron rutas del país más de 160 días este año?, le preguntó la red UNITEL a Vargas.
El vicerrector consideró que si los bolivianos vivieran en un Estado de democrático “de ipso facto, deberían hacer la misma cosa, y probablemente lo mismo”, es decir, sancionarlos en la misma medida.
Puso como ejemplo las denuncias de “secuestro” en más reciente bloqueo de grupos señalados como afines al ala “evista” que supuestamente pretendían impedir el paso a delegación de militantes del MAS del ala “arcista” que se dirigían al cabildo de El Alto.
“Sin ir lejos, hablan de secuestro, que los secuestraron, eso, pues, es un delito. Nosotros no hemos hecho absolutamente nada de eso, pero aquí la ley se maneja prácticamente a pedido, en este caso del Ministro de Justicia, del Ministro del Interior y obviamente del Presidente, que son los que mandan sobre la justicia”.
“Por eso yo los invoco a los buenos jueces, revélense. Porque ustedes son un poder independiente en el Estado, no son sometidos. El poder electoral y el poder judicial son poderes independientes, que en este caso, malos juristas están desprestigiando a todo un gremio porque se han vendido, se han sometido, porque son también corruptos, deben tener cola o algunas cosas y por eso es lo que se someten”, señaló el vicerrector.
Censo
Pero no es todo. El vicerrector duda que el Censo programado para el 23 de marzo de 2024 se concrete. “Estamos prácticamente a tres o cuatro meses de lo que debería realizarse en marzo y yo no le veo luces todavía a que se realice. Por lo tanto, debemos seguir en vigilia”.
“Lo que ha sucedido es que el Gobierno todo lo tiene así premeditado. Tiene un libreto. Es cuestión de que uno aplaque un poco y ellos van a arremeter, porque el libreto no lo cambia”, indicó.
En criterio del funcionario, el Gobierno del presidente Luis Arce pretende “llevarnos a un comunismo” con el objetivo de “someter y meter presos a algunos líderes políticos más” y así “el pueblo quedaría, pues, prácticamente silente”.
