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El caso del cocalero César Apaza probó que la represión es un sistemático método de gobierno.
Por: Alejandro Almaraz |
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EL PODER TRANSNACIONAL QUE GOBIERNA ENCARCELANDO, TORTURANDO Y ASESINANDO
(PRÓLOGO DEL LIBRO “CESAR APAZA” DE JOSÉ LUIS SAAVEDRA)
Dentro la producción bibliográfica de José Luis Saavedra, este nuevo libro supone una significativa prolongación temática. En efecto, si en sus anteriores libros Saavedra brindó veraz y riguroso testimonio sobre la creciente vulneración de los derechos indígenas y las graves agresiones a la naturaleza en el país, en este da cuenta, con la misma sólida veracidad, de la profundidad que ha alcanzado la violación de los derechos humanos como consecuencia de la represión política perpetrada por el gobierno del MAS, el mismo victimario de la naturaleza y los derechos indígenas.
LAS REVELACIONES DEL CASO ADEPCOCA-CESAR APAZA
Este punto máximo en la violación de los derechos humanos, está marcado por el lacerante caso de la represión a la movilización campesina de los yungas paceños y el ensañamiento cruel contra su dirigente Cesar Apaza, ampliamente ilustrado en este libro. Aquí, se describe con exhaustiva y bien sustentada precisión, la violencia criminal desatada por el gobierno central contra los campesinos yungueños y su organización (ADEPCOCA), recogiendo la palabra de su defensora legal Evelin Cossio. Pero también, brindando claridad sobre las causas y el sentido de esta inusitada violencia estatal, se explica el conflicto social que la contextualiza. Así, se deja claro, primero, que la movilización de los campesinos yungueños (cuyas medidas de fuerza se mantuvieron siempre en los márgenes de las más tradicionales y extendidas prácticas de los movimientos sociales-populares en el país) tiene la incuestionable legitimidad de centrar sus demandas en la sola vigencia de la legalidad. Especialmente, del derecho constitucional (y humano) a la libre asociación, y la regulación legal que ampara la comercialización de coca proveniente de cultivos legales, preservándola de la competencia de la proveniente de los ilegales. Luego, se brinda una nueva corroboración -de concluyente elocuencia- de que bajo su supremo objetivo de perpetuar su detentación concentrada y autoritaria del poder político, el MAS esta cada día más empeñado, en general, en debilitar y subordinar a la sociedad civil, y en particular, en destruir o cooptar (o cooptar destruida) a toda organización social popular que haya conservado o recuperado su autonomía. El MAS sabe perfectamente que solo de este campo popular podrá emerger la fuerza material y política suficiente para derrotarlo definitivamente. Por eso, después de destruir y cooptar a muchas organizaciones populares, y atemorizado por el peso histórico y la fuerza actual del campesinado yungueño, descarga contra él una violencia cuya extraordinaria intensidad lleva la venganza punitiva hasta el grado del escarnio.
El caso ADEPCOCA-Cesar Apaza, además de revelar el punto al que ha llegado la violación de los Derechos Humanos con la escarnecedora tortura de Cesar Apaza, revela también que la represión política que la produce constituye un sistemático método de gobierno, concebido con deliberada minuciosidad, ampliamente desplegado en la gestión estatal masista, y de importancia fundamental en ella. Bien puede decirse que es una de las dos patas sobre las que se sostiene la misma, siendo la otra la usurpación e instrumentación de los símbolos y los discursos de la rebeldía popular, para legitimar acciones de gobierno perfectamente contrarias.
En el caso ADEPCOCA-Cesar Apaza se identifican casi todos los elementos que, en conjunto, dan cuenta de la extensión, sistematicidad y trascendencia del método represivo en la gestión masista. Para empezar, es muy evidente la combinación, tan agresiva como finamente calculada, de las formas compulsivas: si la prebenda o el soborno no compran la adhesión envilecida, o al menos no acallan y paralizan, será la violencia brutal que imponga el silencio y la rendición. Se constata también la intervención de jueces y fiscales para dar apariencia legal a la criminal violación de los Derechos Humanos, sin más argumentos que las arbitrariedades más sínicas. La servidumbre de estos operadores de justicia al poder político que les ha dado sus cargos, es tan irrestricta como la del esbirro más obsecuente, y su finalidad es también la de este. La hermenéutica más básica y extendida en el método represivo que nos gobierna, encadena las detenciones ilegales y los secuestros violentos a manos policiales, con las detenciones preventivas dictadas (a veces en decenas de juicios simultáneos y fraguados contra la misma persona) con propósitos de represión y venganza política, que sus aberrantes fundamentos jurídicos están muy lejos de ocultar. En el curso de la ejecución de tales detenciones ilegales, que suelen prolongarse por varios años, el detenido podrá encontrar la muerte facilitada por el maltrato carcelario, como Marco Aramayo (el exdirector del Fondo Indígena que no quiso salvarse limpiando de culpa a Luis Arce, Nemesia Achacollo y los otros jerarcas del gobierno masista responsables de la corrupción que llevó a la debacle a esa institución). Podrá también ser brutal y públicamente torturado, como el propio Cesar Apaza o Tonchi Bascopé, uno de los presos políticos de la Resistencia Juvenil Cochala a los que el régimen está haciendo pagar la osadía de haber defendido la movilización ciudadana de Cochabamba de la agresión violenta de los grupos de choque masistas en 2019.
LA TECNOLOGÍA EXTRANJERA DE LA VIOLENCIA ESTATAL
Los componentes del método represivo mencionados hasta aquí y develados en el caso ADEPCOCA-Cesar Apaza, podría decirse que corresponden al acervo represivo propio de la fuerza pública boliviana, a las capacidades que ha adquirido y desarrolla por sí misma. Pero este mismo caso devela junto a tales componentes endógenos, complementándolos para elevar y consolidar su eficacia compulsiva, otras varias prácticas que no corresponden a las capacidades propias de la “seguridad” boliviana y son, a todas luces, técnicas importadas.
Primero, hasta las dictaduras militares trataron de ocultar las torturas que aplicaban a los presos políticos. En el caso de referencia, Cesar Apaza comenzó a ser torturado desde el mismo momento de su secuestro en vía pública, continuó siendo torturado en la policía con la consecuencia de una grave parálisis de medio cuerpo que forzó su hospitalización, y, a pesar de la indignación de la opinión pública y la oposición del personal médico involucrado, fue devuelto a la cárcel en ese mismo estado y con peligro para su vida profesionalmente acreditado. Una similar exhibición de la tortura (que ya hace pensar en su intencionalidad), se aprecia en el caso de Tonchi Bascopé, a quien llevaron a su audiencia judicial en camilla y vomitando sangre, después de haberlo secuestrado (también en público) y torturado durante toda la noche anterior. Los actos (u omisiones) estatales que ponen en evidencia pública la tortura a los presos políticos, no son razonablemente atribuibles al mero descuido, pues este sería muy grande y reiterado para ser creíble, más aún proviniendo de un gobierno cuya única capacidad técnica y operativa innegablemente alta es precisamente la de su aparato represivo. Es pues plausible que, con toda intencionalidad y cálculo, el gobierno masista permita el conocimiento público de las torturas que aplica a determinados dirigentes importantes de la movilización social en su contra, como un medio – cuya alta eficacia está ya ampliamente comprobada- de disuasión por el terror a todo el que tenga la intensión de participar en dichas movilizaciones. Además de, obviamente, castigar con la destrucción física y sicológica a esa persona que tuvo el imperdonable valor de defender los derechos de los suyos en las calles. Se trataría pues de un escarnecedor y ejemplarizador escarmiento.
Luego, la policía boliviana (como el común de las del mundo entero) nunca antes practicó el ataque injustificada y alevosamente violento contra las protestas sociales, en perfecta combinación operativa con grupos de choque civiles organizados y lanzados por el gobierno central, como se ha visto reiteradamente en la represión a la movilización de los campesinos yungeños, donde la policía ha brindado decisiva cobertura y protección al ataque de los grupos de choque masistas con explosivos de alta potencia y armas de fuego. Demostrando que se trata de un modus operandi plenamente planificado y bien organizado, ya se practicó esta forma de agresión a las protestas sociales contra las pacíficas marchas ciudadanas en La Paz, y contra las movilizaciones cívicas en Santa Cruz (donde incluso se ha causado la muerte de un funcionario público forzado a integrar los grupos de choque oficialistas, por efecto de los gases lacrimógenos de la propia policía). Lo más cercano a esto que ha habido en Bolivia, fue el uso de las milicias campesinas por los gobiernos del MNR y el pacto militar-campesino para aplacar las movilizaciones opositoras. Pero en esta experiencia, ya bastante lejana en el tiempo, jamás hubo la acción conjunta con la fuerza pública, y menos con la perfecta sincronización militar que hoy se le da desde el Ministerio de Gobierno.
La fuerza pública boliviana tampoco parece tener capacidad propia para realizar los montajes de gran magnitud y finalidad represiva que se han visto en el periodo del poder masista, y que incluyen actos terroristas de los que se inculpa a quienes se tiene interés político de encarcelar. Una muestra de ello es el incendio del mercado paralelo (e ilegal) de la coca, atribuido a los dirigentes de ADEPCOCA, pero, según fuertes indicios expuestos en este libro, causado por la militancia oficialista que ocupaba el recinto antes que llegara a él la movilización de ADEPCOCA. Lo son también, revelando nuevamente la existencia de una estrategia preestablecida, los incendios de la fiscalía y los domicilios de determinados oficialistas prominentes en Santa Cruz. De no tratarse de montajes o autoatentados, sería muy difícil explicar que al momento de iniciarse el incendio de la fiscalía, todos sus numerosos funcionarios se hallaban ausentes no obstante que eran horas de oficina, o que los prominentes masistas que sufrieron el incendio de sus viviendas trasladaron de ellas todos sus bienes el día anterior.
Donde estas prácticas (y algunas otras como el espionaje estatal expandido que penetra en todos los resquicios sociales) vienen teniendo profuso y trascendental desarrollo, constituyendo también un método de gobierno fundamental, es en la geografía política del fascismo latinoamericano del siglo XXI (engañosamente autonombrado como socialismo del siglo XXI). Es decir, en las dictaduras de Nicaragua, Venezuela y especialmente Cuba. Es allí donde el terror producido y administrado por el Estado ha aplacado (y aplastado) la movilización por la democracia de la gran mayoría de la sociedad. Es allí (igual que en la Rusia putinera) donde legiones de esbirros judiciales reparten condenas a diez o veinte años de cárcel por solo participar de protestas callejeras o decir la simple verdad sobre sus respectivas dictaduras. Es allí donde se tortura a los opositores políticos cotidianamente y de múltiples formas, a veces delante de las cámaras. Es allí donde los grupos de choque formalmente para-estatales, pero formados en la misma entraña del poder estatal autoritario (Círculos Bolivarianos en Venezuela, Juventud Sandinista en Nicaragua y anónimos matones vestidos de negro en Cuba), en perfecta combinación con la policía, disuelven a golpes o a tiros cuanta protesta gana las calles.
FASCISMO DEL SIGLO XXI, PRINCIPAL RUBRO CUBANO DE EXPORTACIÓN
Es muy importante saber que en Venezuela y Nicaragua, este método represivo de gobierno ha sido importado de Cuba por sus respectivas dictaduras actuales. Es en Cuba que, a lo largo de más de medio siglo de ejercicio del poder estalinista (a su vez importado de la Unión Soviética) que congeló, mató y embalsamó su revolución, se concibió y desarrolló (nutrido de las fundamentales innovaciones técnicas validadas por el terror estatal impuesto sobre Europa oriental) una suerte de alta tecnología integral de la violencia estatal. En este marco, el encarcelamiento y la tortura son solo componentes de una estructura (y un repertorio) mucho más amplia que se funde transversalmente al conjunto del aparato estatal, introduciendo en el un carácter autoritario tan profundo como eficaz. En efecto, si otrora el Estado cubano exportaba (en sentido figurativo del término) románticas guerrillas, auténticamente inspiradas en el ejemplo del Che y dirigidas a la liberación nacional y el socialismo (aunque con resultados catastróficos para su propia causa), hoy exporta (en sentido literal del término), más que su alta tecnología de la violencia estatal, o un método represivo de gobierno, un modelo de Estado profunda e integralmente autoritario, y estructuralmente subordinado al nuevo capital transnacional.
En consecuencia, las razones de este infame comercio exterior están muy lejos de la revolución, el socialismo, la “patria grande”, o las otras declamaciones que a fuerza de tan hipócrita y tediosa repetición han perdido casi todo sentido y efecto. La primera urgencia cubana, que brinda su esencial carácter comercial a las respectivas operaciones exportadoras, es la de contar con el combustible y las divisas que hagan funcionar al país. Lo que ha estado obteniendo en alguna salvadora medida de los Estados que ha intervenido, como contraprestación a los servicios de inteligencia ampliada al manejo global del poder político que les ha brindado. Pero lo que, además de la “solidaria” subvención venezolana del combustible cubano, ha justificado y canalizado el pago de los “internacionalistas” servicios cubanos, es la neo-servidumbre que el Estado cubano ha impuesto sobre el personal de sus misiones sanitarias, despojando a sus integrantes de la mayor parte de sus salarios. Al margen de ello, no se puede dejar de sospechar razonablemente que los réditos de algunas (o todas) de las oscuras inversiones extranjeras (evidentemente cubiertas con palos blancos) en los países receptores de las exportaciones cubanas de marras, tengan el mismo destino retributivo de las mismas.
EN NOMBRE DE LA REVOLUCIÓN PERO EN SERVICIO DEL IMPERIALISMO TARDÍO
Sin embargo, en la internacionalización de la dictadura cubana existe un proyecto estratégico, que por remitir sus objetivos finales al mediano plazo no deja de tener importantes realizaciones actuales. Este proyecto es la instalación de un bloque inter-estatal latinoamericano subordinado al capital (y al imperialismo) emergente y tardío, que ha surgido del socialismo chino y soviético en lugar de la prometida sociedad sin clases ni Estado, y que en compensación a las desventajas de su rezago histórico, es bastante más agresivamente expoliador que el antiguo de las potencias occidentales, además de, claro está, carecer del régimen liberal con sus libertades y derechos ciudadanos, y de toda práctica democrática. Por eso, no es casual que mientras las empresas transnacionales chinas acaparan (en las mismas condiciones leoninas en que lo hicieron sus predecesoras occidentales) los yacimientos de hidrocarburos, litio, oro y muchos otros minerales en Bolivia; y adquieren contratos irregulares para la muy lucrativa ejecución de una buena parte de la inversión pública boliviana, en varios casos cometiendo las estafas que caracterizan su trayectoria internacional (especialmente en los países latinoamericanos de la órbita cubana); y el Estado chino adquiere la capacidad de condicionar globalmente la política económica Boliviana que le otorga su creciente condición de principal acreedor de la también creciente deuda externa boliviana, la tecnología cubana de la violencia estatal, aplicada con la directa y esmerada asistencia técnica de sus creadores, aplaca (y aplasta) la protesta de la sociedad boliviana contra esas vulneraciones de sus intereses y derechos, y contra las demás injusticias implantadas por el fascismo latinoamericano del siglo XXI.
Por eso mismo, tampoco es casual que mientras la Rusia putinera instala su poder e intereses en los estratégicos rubros energéticos de varios países latinoamericanos, particularmente con el desarrollo de la energía atómica; y capacita en sus “mágicos” sistemas informáticos electorales a los altos operadores del constante fraude electoral en Bolivia, surge, conformado precisamente por Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, el bloque que debe llamarse de la vergüenza latinoamericana, avocado a apoyar la genocida invasión rusa de Ucrania, como es el único sentido real de su reiterada abstención, en las instancias de Naciones Unidas, respecto a las resoluciones de clara condena de la invasión putinera que, afortunadamente, ha venido aprobando la abrumadora mayoría de los países del mundo.
La injerencista exportación cubana del terror y la violencia estatal, que tiene ya antiguos y siniestros antecedentes en Nicaragua, y que en Venezuela parece haber adquirido los alcances de un integral copamiento del Estado, en Bolivia se ha venido produciendo desde hace ya varios años, bajo la amplia acogida que le ha dado el régimen masista. Son muchos los hechos que lo evidencian. En cuanto al fenómeno global e internacionalmente visto, que un conjunto de gobiernos cuyo hermanamiento ideológico y político es enfática y militante asumido, y cuya colaboración recíproca es amplia, estrecha y fluida, coincidan en aplicar exactamente las mismas y muy singulares formas de represión política, no puede atribuirse a la casualidad. Es casi obvio que entre ellos existe un flujo de conocimientos y capacidades para reprimir, y es también casi obvio que ni los matones de la “Juventud Sandinista”, ni los delincuentes comunes sacados de las cárceles venezolanas para integrar los “círculos bolivarianos”, ni la policía boliviana (ni la de esos otros dos países), ni aun menos la policía sindical chapareña, tienen algo que enseñarle en la materia al mundialmente famoso y temido “G-2” cubano, el organismo de inteligencia y represión en el que -en última instancia- se sostiene la decadente e impopular dictadura gerontocrática de la isla. Por lo tanto, es también casi obvia la dirección del flujo creador de capacidades represivas. Pero si no abasteciera esta apreciación de elemental e insoslayable sentido común, está también la acusación pública y vehemente que hace ya unos años le hizo el Secretario General de la OEA al gobierno cubano, de, precisamente, exportar sus siniestros métodos de represión, tortura y muerte, sin que hasta ahora el Estado cubano enjuicie penalmente por calumnia a esa autoridad interamericana, como correspondía inexcusablemente (e independientemente del posible desenlace judicial) si las acusaciones fueran falsas. Pero además, abundan los datos específicos y concretos sobre este “plan cóndor” del fascismo latinoamericano del Siglo XXI, como las constatadas, y oficialmente inexplicadas, permanencias de policías bolivianos en Venezuela.
En relación particular a la importación y aplicación boliviana de la tecnología cubana de la violencia estatal, incluyendo la muy eficiente asistencia técnica de los exportadores, son también muchas las revelaciones de los hechos. Entre ellos, recuérdese a los dos ciudadanos cubanos funcionarios de su Estado, que en los acontecimientos violentos de noviembre de 2019 en La Paz, fueron sorprendidos y filmados por los medios de comunicación cargando mochilas llenas de dinero en medio de una marcha de la militancia masista, por lo que incluso fueron detenidos (pero rápidamente liberados) por la policía. Recuérdese también que, como quedó también demostrado por filmaciones periodísticas (violentamente represaliadas), quienes comandaban los grupos de choque masistas que atacaron violenta y brutalmente a la reciente marcha ciudadana en San Miguel, eran dos ciudadanas cubanas. Asimismo, recuérdese las grabaciones, cuya autenticidad jamás ha sido cuestionada, en las que las jubilosas voces de dos masistas bolivianos comentan la gran eficiencia de los francotiradores cubanos que disparaban desde los cerros a la movilizacion de ciudadanos potosinos desarmados que se trasladaban a La Paz, en la misma coyuntura conflictiva de 2019.
Por último, es muy importante recordar el gigantesco montaje del Hotel Las Américas, en el que, además de otros trascendentales éxitos represivos, y como lo ha acreditado un riguroso informe técnico de la CIDH, se ha torturado y asesinado a tres “separatistas” que, por lo visto, sabían demasiado. Por las extraordinarias y múltiples competencias técnicas, amplio emplazamiento internacional, y absoluta carencia de escrúpulos que requería, ese montaje estaba totalmente fuera de las posibilidades reales de los organismos represivos bolivianos. Pero tuvo la precisa talla, y hasta el estilo, que marca la trayectoria del “G-2” cubano. De ese vínculo nos advierte que, “misteriosamente”, a uno de los “separatistas” torturados y asesinados, le compraron el pasaje aéreo que lo trajo a Bolivia con la tarjeta de crédito de un ministro de Estado venezolano.
UN DIA ALGUIEN LO DIRÁ EN LA ONU
Independientemente de a quien pertenezcan las manos físicamente ejecutoras, las torturas a Cesar Apaza y los demás torturados por móviles políticos en estos tiempos, la violencia criminal con la que se atacan las protestas sociales y las movilizaciones ciudadanas que demandan democracia, el arbitrario y jurídicamente aberrante encarcelamiento de los que protestan y demandan y, en general, el aplastamiento por el terror y la violencia de la voluntad de vivir en democracia de la gran mayoría de los bolivianos, tiene una autoría intelectual que excede al mísero y desbaratado núcleo de poder del ex “proceso de cambio”. Esa autoría se extiende, mucho más allá de nuestras fronteras, al entramado supranacional que disemina la dictadura y el autoritarismo en el continente a nombre de revolución y progresismo, y cuyo cerebro conspira, máquina y condena desde La Habana.
Tengamos conciencia de ello y actuemos en consecuencia, con la mayor prontitud y firmeza que nos sea posible. Tal vez así logremos que un día no lejano, cuando se esté realizando la Asamblea de la ONU que anualmente rechaza el bloqueo económico contra Cuba, algún diplomático representante de algún Estado u organismo internacional, alguien, pida que el Estado cubano rinda cuentas ante el resto del mundo por los imperdonables crímenes que viene cometiendo y promoviendo, en Cuba y mucho más allá de ella, para salvar a su casta gerontocrática que cree encarnar la revolución y el socialismo, de la condena que la historia ya le ha impuesto.
