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A dos semanas de la segunda vuelta electoral en la que la ciudadanía guatemalteca elegirá a quien sustituya a Alejandro Giammattei en la presidencia, los intentos por socavar la democracia no cesan.
Ya hemos dejado de preguntarnos si habrá elecciones el 20 de agosto; lo que nos preguntamos ahora es ¿a qué precio?
Vía: Otras Miradas |
En Guatemala algo “salió mal”. La ciudadanía se negó a seguir el guion que la alianza corrupta ensayó durante los últimos dos períodos de gobierno (Jimmy Morales y Alejandro Giammattei) y votó por una alternativa de cambio. Este acontecimiento, inesperado para la clase política dominante, puso en marcha a la maquinaria represora para buscar y eliminar a los culpables. Y si no los hubiera, inventarlos.
Pero Roma no se construyó en un día. En realidad, todo empezó el 31 de agosto e 2018, cuando el expresidente Jimmy Morales anunció, junto al Ejército de Guatemala, que no renovaría el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), una instancia de Naciones Unidas dedicada a investigar de forma independiente la corrupción en el país y que acertó a dar golpes contundentes a los aparatos clandestinos que operaban desde el Estado, algunos integrados por el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti.
Con la CICIG fuera de Guatemala, los grupos de poder tradicional empezaron a recuperar, desesperadamente y a cualquier precio, los privilegios perdidos de la última década. Ese punto de inflexión provocó la embestida corrupta que ahora enfrenta el país.
El Gobierno cambió en 2020 y Alejandro Giammattei, sucesor de Morales, no objetó la opaca decisión de expulsar a la CICIG. Al contrario, inició un plan de cooptación de todas las instituciones del Estado y ejecutó una persecución sistemática –a través del Ministerio Público– de activistas, fiscales, jueces y periodistas, muchos de los cuales están actualmente en prisión o en el exilio. Poco a poco fueron tomando el control de las Cortes de justicia, de la Procuraduría de los Derechos Humanos, de la Universidad estatal (Usac) y otras instituciones, pero hubo algo que se escapó a su capacidad de control: el voto ciudadano.
En este punto, la historia se divide en dos caminos: el primero es el de la alianza corrupta, que tenía la necesidad de garantizarse impunidad por los actos cometidos y continuar con sus planes, a pesar de la prohibición constitucional de reelegir al Presidente; el segundo camino es el del poder ciudadano, que canalizó en el voto su manifestación de rechazo a un sistema obsoleto que no satisface sus necesidades más básicas ni mucho menos las de justicia. Empecemos por el primero.
El camino de los corruptos
La apuesta de la alianza para garantizar el continuismo se centraba en dos partidos políticos y sus candidatos: Zury Ríos, hija del golpista José Efraín Ríos Montt, quien tenía prohibición constitucional para optar al cargo por su parentesco familiar, y Manuel Conde, candidato del oficialista partido Vamos y quien había pasado por otros tres partidos y se había presentado dos veces como candidato a las presidenciales. El objetivo era despejarles el camino para garantizar la elección de ambos.
La elección de Ríos o de Conde también le garantizaba impunidad al propio presidente Giammattei, quien en 2021 era investigado por el fiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval –actualmente en el exilio– por supuestamente haber recibido una alfombra llena de dinero, un soborno millonario por parte de empresarios rusos que buscaban operar en uno de los puertos de Guatemala. Y a ello se añaden de otros casos, como la adquisición anómala de vacunas Sputnik contra el Covid-19 –cuyo contrato fue publicado por elPeriódico, lo que habría motivado su cierre–, o la inexplicable compra de tres apartamentos para los hijos de Giammattei valorados cada uno en US$330 mil y adquiridos pocos meses después de asumir la Presidencia.
Previo a las elecciones del 25 junio, la alianza corrupta implementó un plan que no tuvo nada que envidiar a los de dictadores como Daniel Ortega: el Tribunal Supremo Electoral y las Cortes Suprema y de Constitucionalidad fueron eliminando uno a uno a los candidatos presidenciales que hubieran podido significar una piedra en el camino hacia la continuidad política. Así, candidaturas como las de Roberto Arzú, de Podemos, Jordán Rodas, del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) y Carlos Pineda, de Prosperidad Ciudadana, fueron rechazadas sistemáticamente y quedaron fuera de la contienda.
Pero ni la política gira en una sola dirección ni todo puede predecirse. El partido Movimiento Semilla ha sido la gota silenciosa que cae sobre la piedra hasta que consigue moldearla. El voto ciudadano lo impulsó, hizo caer con más contundencia esa gota perenne y quedaron en segundo lugar en las elecciones de junio, algo con lo que la alianza corrupta no contaba.
El camino de la ciudadanía
El diseño electoral en Guatemala merece mejoras considerables, pero en esta última elección demostró que la democracia, al menos en su sentido mínimo, puede funcionar. La cooptación observada en el “camino de la corrupción” fue insuficiente para silenciar una voluntad ciudadana que se impuso, tanto en voto como en su defensa posterior, frente a los intentos de manchar y judicializar el resultado electoral.
La ciudadanía votó mayoritariamente en dos sentidos: por un lado, en rechazo a todo el sistema político y de gobernanza –a través del voto nulo, que obtuvo el primer lugar en la elección con el 17.3% de votos, y el voto en blanco, que reresentó el 6.9%–; y por otro lado, en favor del cambio –al otorgar el 11.7% de los votos al Movimiento Semilla, el partido emergente que competía por segunda vez en las elecciones, luego de que en el anterior proceso le impidieran a la exfiscal General Thelma Aldana, hoy en el exilio, presentarse como candidata.
La llegada de Semilla al balotaje generó estrés postraumático al statu quo y, una semana después, de las elecciones, la Corte de Constitucionalidad ordenó audiencias de revisión de los resultados y el Tribunal Supremo Electoral se vio obligado a detener todo el proceso de cara a la segunda vuelta.
Gran parte de la ciudadanía, que tiene un papel preponderante en el sistema electoral, estuvo a la altura. La gente defendió los sufragios en las Juntas Receptoras de Votos, combatió la desinformación en las redes sociales al publicar las Actas electorales y evidenciar que una gruesa mayoría de estas no habían recibido ninguna objeción el día de las elecciones. Por último, el pueblo salió a las calles para protestar contra los intentos de golpe técnico a la democracia y robo descarado de las elecciones. Fue en este último movimiento sobre el tablero donde impusieron la poderosa consigna “en las urnas, no en las cortes”.
Pero la estrategia le daría tiempo a la alianza corrupta para planear sus próximos pasos: debilitar al Movimiento Semilla, intimidar a la ciudadanía activa y minar los sistemas de conteo de votos. Ese es el peligroso escenario que amenaza la democracia en Guatemala.
Pero ¿por qué un solo partido sería capaz de paralizar un Estado y sacar lo peor de él? Como escribiera el poeta Luis de Lion (víctima de desaparición forzada): «Tantos Siglos contra un solo minuto/tantos cuchillos para cortar una flor/tanta bala para acribillar una bandera/ tanto zapato para aplastar un rocío”.
Semilla contra el poder establecido
En 2015, Guatemala vivió una revolución pacífica: una serie de movilizaciones masivas de personas que se unieron para lanzar un grito fuerte contra la corrupción. El Movimiento Semilla se gestó en aquel proceso participativo, se constituyó como partido político y compitió en las elecciones de 2019, alcanzando siete diputados al Congreso de la República. Uno de sus diputados fue Bernardo Arévalo de León, hijo del expresidente Juan José Arévalo Bermejo y actual candidato a la Presidencia.
Semilla es el único partido que no llegó al poder impulsado por grandes financistas tradicionales ligados a viejos empresarios o grupos de crimen organizado y narcotráfico. Al contrario: en la anterior legislatura, ese partido propuso una iniciativa de Ley para sacar al Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) –la patronal del país– de las representaciones que tiene en no menos de 58 entidades del Estado, es decir, quitarle poder formal al poder real en Guatemala: los empresarios.
Arévalo no representa, hasta ahora, los intereses de ningún poder económico. Esto no ocurría en Guatemala desde el inicio de la democracia, hace casi 40 años. De ahí se deduce el estado de shock y la violenta arremetida del aparato de justicia estatal contra el partido. El Ministerio Público (MP) y demás poderes opacos no han descansado en su intento por acabar con Semilla sin importarle los daños colaterales, entre ellos la muerte por asfixia de la democracia en el país.
El Estado contraataca
La alianza corrupta a la que me he referido en este artículo está integrada por una élite de empresarios, políticos, funcionarios –muchos de ellos investigados en su momento por la CICIG a causa de sus actos de corrupción–, que concentran su poder de ejecución en el presidente Alejandro Giammattei.
Tras su reelección, gracias a Giammattei, la fiscal General General Consuelo Porras convirtió al MP en el brazo judicial de la alianza corrupta y el perseguidor de sus enemigos. Es ese MP el que encarceló al periodista José Rubén Zamora y persigue a nueve extrabajadores de elPeriódico, el mismo que ha acusado a la exfiscal Virginia Laparra y criminalizado a Nacy Cinto y Dulce Archila, acusadas por depredación de bienes culturales al, supuestamente, haber pintado una pared en el Congreso de la República durante la protesta del 21 de noviembre de 2020 en la que un grupo de desconocidos incendió una pared del inmueble y el mismo que señala al Movimiento Semilla como responsable de su derrota en las urnas.
Para esto, el MP se ha coludido con el juez Freddy Orellana para cancelar la personalidad jurídica de Semilla, a pesar de que la Ley Electoral y de Partidos Políticos lo prohíbe. La decisión, que generó reacciones a nivel nacional e internacional, fue revertida casi inmediatamente por la Corte de Constitucionalidad, esto hizo que la arremetida violenta contra Semilla aumentara exponencialmente.
Colérico, el juez arremetió inmediatamente contra quienes se negaron a obedecer sus órdenes ilegales, por lo que ordenó investigar al jefe del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, Ramiro Muñoz, por no suspender a Semilla y giró una orden de captura contra Eleonora Castillo Pinzón, registradora en funciones en ausencia de Muñoz, quien habría optado por el exilio.
Las últimas acciones de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) –cuyo jefe, Rafael Curruchiche, y su principal operadora, Cinthia Monterroso fueron incluidos en la lista de actores corruptos y antidemocráticos del Departamento de Estado de Estados Unidos (Lista Engel)– tienen actualmente dos objetivos: la ciudadanía y el sistema de conteo de votos.
La semana pasada, el MP solicitó los nombres de los digitadores –ciudadanos encargados de ingresar los resultados electorales al sistema de cómputo oficial– contratados para el proceso electoral 2023. Además, abrió una investigación por supuestas anomalías en el funcionamiento del sistema informático de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares y el jueves 3 de agosto allanó el Salón 3 del Parque de la Industria, donde el Tribunal Supremo Electoral instaló el equipo informático que resguarda los resultados electorales.
La FECI extrajo los registros informáticos de las actas electorales como seguimiento a una denuncia que interpuso el 29 de junio el partido Valor, agrupación que postulaba a Zury Ríos a la presidencia y que perdió las elecciones presidenciales el pasado 25 de junio.
Además, la interferencia del MP en los resultados electorales se da durante la visita al país del Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, dada la incertidumbre del proceso democrático.
No sabemos cuál será el siguiente paso, pero sabemos que no van a descansar hasta destruir los pilares más fuertes (que no son tantos) de la democracia electoral guatemalteca.
Guatemala se hunde lentamente en un pantano de opacidad y cooptación. La ciudadanía resiste una de las peores arremetidas del Estado desde inicios de nuestra democracia. Los “culpables” han sido identificados y la ola represiva se ha echado a andar en su contra.
Vivimos horas muy oscuras, ¿quizá porque está a punto de amanecer?
| Gerson Ortiz es periodista guatemalteco con 17 años de trayectoria. Ha colaborado en medios internacionales como Cinco Días (España), CNN (Estados Unidos), Exandas (Grecia) y El Faro (El Salvador). Es autor de los libros Soñarás jamás y La lengua de los gatos.
