Calvo, Vargas y Santisteban se abstuvieron de declarar en el caso del paro de 36 días
Los investigados son acusados por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, atentado contra el presidente y otros dignatarios de Estado, violencia política contra mujeres, racismo, discriminación, atentado contra la libertad de trabajo, atentado contra la seguridad de los servicios públicos, impedir o estorbar el ejercicio de funciones, asociación delictuosa y terrorismo.

El expresidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, el vicerrector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) Reinerio Vargas y el abogado constitucionalista José Luis Santistevan se abstuvieron este jueves de declarar ante la fiscalía por el caso del paro de 36 días.
Se conoce que los tres se abstuvieron de declarar ante la autoridad competente, aunque señalaron ante los medios que se presentarán las veces que sean necesarias para decir su verdad sobre los que sucedió en los días del paro por el censo.
"Nos abstuvimos a declarar y complementamos nuestra declaración porque no queremos entorpecer el trabajo que están haciendo nuestros abogados. Ustedes saben que el Gobierno es hábil en buscar una contradicción para poder acusar y condenar a los ciudadanos bolivianos. Aquí no existe justicia, aquí no existe ley, no existe Constitución Política del Estado, ni nada", informó Calvo a Unitel.
La Fiscalía activó el caso a denuncia por el dirigente de la COR en El Alto, Marcelo Mayta, por el paro de 36 días que se desarrolló el 2022 en Santa Cruz. En la denuncia también figura el rector de la UAGRM, Vicente Cuéllar, sin embargo, éste pidió reprogramar su declaración debido a que se encuentra de viaje en El Vaticano.
Los investigados son acusados por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, atentado contra el presidente y otros dignatarios de Estado, violencia política contra mujeres, racismo, discriminación, atentado contra la libertad de trabajo, atentado contra la seguridad de los servicios públicos, impedir o estorbar el ejercicio de funciones, asociación delictuosa y terrorismo.
Entre el 22 de octubre y el 26 de noviembre de 2022 se impuso un paro de 36 días en Santa Cruz. La medida extrema, según la denuncia, estuvo caracterizada por la violencia, el racismo y discriminación que impusieron grupos radicales a la población que se oponía a la medida.
Durante el paro y bloqueo se impidió la circulación de ambulancias con pacientes, de carros fúnebres, de vehículos bomberos, de personal médico, incluso atacaron un bus y a efectivos policiales que transportaban a 13 reos.