Líder cívico: El paro puede levantarse si se aprueba la ley del Censo y sin otro cabildo
El Comité pro Santa Cruz espera resultados del tratamiento de la nueva norma en la Asamblea Legislativa
Dirigentes del Comité pro Santa Cruz en una anterior concentración. Foto: Comité pro Santa Cruz El primer vicepresidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Fernando Larach, afirmó este sábado que el paro puede ser levantado sin necesidad de un cabildo, si la ley del Censo se aprueba este lunes en la Asamblea Legislativa.
Dijo que esperarán el trabajo de la Comisión de Constitución de Diputados porque hay proyectos que plantean realizar el Censo en 2023 y otros en 2024 y aguardan que el compromiso público asumido por el presidente de la Cámara de Diputados Jerges Mercado, se pueda materializar el lunes por el bien de la economía.
Explicó que, si se aprueba y se promulga la ley, la decisión de suspender el paro quedará en manos del presidente cívico Rómulo Calvo, tal como él mismo lo afirmó, aunque la dirigencia cruceña prefiere esperar a ver cómo sale la norma. Mientras tanto, el paro indefinido, que ya llegó a los 29 días, continúa.
No creen en el Gobierno
El asesor jurídico del Comité Interinstitucional de Santa Cruz, José Luis Santistevan, cree que el Gobierno quiere seguir dilatando el proceso en la lógica de que “a mí nadie me derrota, yo derroto a Santa Cruz; lo que nunca antes hizo Evo lo quiere hacer Arce, pero obviamente está lejos de la victoria”.
Santistevan calificó de mediocre el trabajo del Presidente y sus ministros en el tema del Censo. Es el único censo que tiene más de tres decretos mal escritos debido a que en la parte preliminar incorpora el término “datos preliminares”, cuando el INE solo se maneja con datos oficiales, no preliminares, enfatizó.
Indicó que el Gobierno perdió toda credibilidad sobre el Censo y lo único que puede garantizar es una ley y, frente a ello, el Presidente y los asambleístas del MAS no podrán hablar de una victoria.
Sostuvo que lo anunciado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Gobierno y la Asamblea Legislativa para la distribución de recursos y la redistribución de escaños según los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda, tiene que plasmarse en una ley.
