El clima de protesta
Cuando hemos ingresado al cuarto día de paro indefinido en Santa Cruz, que exige la abrogación del Decreto Supremo 4760, para que el censo se realice en 2023 y no en 2024, el balance es preocupante.
Antes que buscar diálogo y una solución integral al conflicto, es evidente que el Gobierno y Santa Cruz continúan con posiciones cerradas que no dan lugar a un mínimo acercamiento.
En particular, el Ejecutivo se ha cerrado a las negociaciones, como lo prueba la última propuesta que remitió al Comité Interinstitucional cruceño, en la que no hay referencia alguna al año del censo. La respuesta a ese planteamiento fue el rechazo, pues el cabildo del 30 de septiembre ha sido categórico al expresar que el censo debe llevarse a cabo en 2023, como principal demanda.
Pero no solamente hay una actitud del Gobierno de no establecer puentes que conduzcan a conversaciones positivas para resolver el conflicto, sino que es notoria la voluntad de radicalizar su posición, bajo un mal cálculo: que así forzará una salida al paro indefinido.
En las últimas horas, los afines al oficialismo han anunciado, por ejemplo, que tenderán un cerco a Santa Cruz (lo cual, paradójicamente, contribuiría al paro indefinido).
Además, el presidente Luis Arce, quien tendría que promover el diálogo, se ha sumado a estas presiones al declarar, ante un encuentro campesino en Cochabamba, que “la vieja derecha golpista sigue queriendo emprender aventuras golpistas en nuestro país…”. Exponer la fallida narrativa del “golpe de Estado”, cuyo autor es el expresidente y dirigente cocalero Evo Morales, no hace otra cosa que profundizar la grieta hoy insalvable que separa al Gobierno de Santa Cruz.
En medio del paro, han comenzado a sumarse más regiones a la lucha por el censo en 2023. La Asamblea de la Cochabambinidad se ha declarado en estado de emergencia y ha convocado a una marcha de protesta para este jueves; Tarija paraliza sus actividades también ese día; Beni ha llevado a cabo un paro de 24 horas con el cual se ha unido a la demanda cruceña, y Oruro prepara un cabildo para el 31 de octubre. Además, como un conflicto llama a otro, los cooperativistas mineros se han concentrado en La Paz para protestar contra un ajuste tributario y exigen que el Gobierno les permita trabajar en las áreas protegidas, lo cual sería contraproducente para el país, pues el dinero no repone la pérdida de biodiversidad; también están en las calles las personas con capacidades diferentes y el magisterio.
En suma, el Gobierno tiene una serie de conflictos que debería resolver, pero hasta ahora no logra articular una respuesta coherente. El problema crece. Santa Cruz ha abierto la puerta a una mediación de la Iglesia Católica, pero el Ejecutivo ha optado por promover un encuentro con sus bases y afines, es decir, con grupos corporativos y funcionarios.
Para evitar que se agudicen tanto el paro indefinido cruceño como los conflictos adicionales, se precisa que el Gobierno sea más propositivo, y ya no confrontacional, en materia de diálogo y búsqueda de soluciones. Dinámicas similares, en el pasado, han concluido en tragedias que causan un daño generalizado. Ojalá que se encuentre una salida concertada a estas serias y preocupantes protestas.
