La Paz, 15 de septiembre de
2022 (ANF).- Desde el 2018, el
Gobierno se empeñó en acorralar a los últimos tres dirigentes de la Asociación
Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), Franclin Gutiérrez, Armin Lluta
y ahora Freddy Machicado, a través de procesos judiciales para dividirlos y descabezar
al movimiento cocalero de los Yungas.
Los procesos fueron abiertos de oficio o a denuncia en
contra de los dirigentes cocaleros, Franclin Gutiérrez que estuvo en la cárcel
casi 15 meses, Armin Lluta no fue detenido, pero sí tenía un proceso en su
contra, y Machicado que ahora fue detenido por seis meses. Los tres en
diferentes momentos estuvieron al frente conduciendo protestas contra el
Gobierno.
El
actual dirigente de Adepcoca, Freddy Machicado, es el último de este trío de
dirigentes “perseguidos y procesados”. Este miércoles 14 de septiembre fue
aprehendido, trasladado a celdas policías, primero en La Paz y luego conducido
a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de El Alto.
Fue
imputado por 15 delitos penales entre los que destacan instigación pública a
delinquir, organización criminal, incendios, secuestro, lesiones graves y
leves, lesiones gravísimas, entre otros.
La
Policía, la Fiscalía y el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) ejecutaron
todo el trabajo en menos de 24 horas, es decir, lo aprehendieron, lo cautelaron
y esta madrugada la justicia dictó su detención preventiva en la cárcel de San
Pedro.
Durante
seis semanas, los productores de los Yungas a la cabeza de Machicado, los
dirigentes regionales y el comité de autodefensa liderizaron las movilizaciones
en contra del Gobierno por permitir el funcionamiento de un mercado que
funciona al margen de la Ley General de la Coca.
Hace
dos años, en noviembre de 2020, el exdirigente Armin Lluta asumió la
presidencia de Adepcoca, en agosto de 2021 fue imputado por presunta
desobediencia a la resolución de una acción de amparo constitucional impulsada
por Elena Flores, también afín al MAS.
No
pudieron encarcelarlo, aunque también denunció que pretendían acusarlo de haber
obtenido un título falso en la Universidad Mayor de San Andrés, cosa que
tampoco prosperó por ser falso.
En
septiembre, Lluta apareció golpeado tras la toma momentánea del mercado de
Villa Fátima por el grupo de Arnold Alanes, aliado del Gobierno, con esa proximidad
se permitió abrir un mercado “ilegal” de coca desde el 19 de junio lo que
provocó todo el conflicto cocalero.
El 2017, el máximo representante de los cocaleros, Franclin
Gutiérrez, se enfrentó al Gobierno de Evo Morales, en ese entonces ya advirtió que
el mercado de Villa Fátima era el único autorizado legalmente para
comercializar la hoja verde en La Paz.
El 2018, el presidente de Adepcoca Franclin Gutiérrez
fue detenido y enviado a la cárcel, acusado de ser el autor de la muere de un
efectivo del orden, Daynor Sandoval. Hecho que se suscitó en una presunta
emboscada a los efectivos que hacían tareas de erradicación de coca
excedentaria.
En
ese tiempo, el fiscal Fernando Atanasio informó que Gutiérrez era imputado por
los delitos de asesinato, tentativa de asesinato, atentados contra los
servicios públicos, atentados contra los servicios de transporte además de
porte y portación ilícita de armas.
Permaneció
en la cárcel hasta el 14 de noviembre de 2019, cuando recuperó su libertad.
Pese a las solicitudes para revocar su detención preventiva nunca fue escuchado
por la justicia, le ampliaron su detención con diferentes argumentos.
Gutiérrez
reiteraba una y otra vez que era inocente, que cuando sucedieron los hechos ni
siquiera estaba en el lugar, sin embargo, el Ministerio de Gobierno y la
Policía lo acusaron de ser miembro de una “organización criminal” que operaba
en los Yungas.
Sus
bases no lo abandonaron y lo mantuvieron como presidente de Adepcoca; mientras
estuvo en la cárcel el secretario de Actas Sergio Pampa se puso al frente de la
organización, mantuvo la línea crítica y contestataria al Gobierno lo que hizo
que se gane otro proceso legal.
En
julio de 2019, Pampa fue aprehendido y el fiscal Gustavo Balderrama detalló que
era investigado por los delitos de robo agravado, allanamiento de domicilio a
sus dependencias, daño calificado, portación de sustancias explosivas o asfixiantes.
El
30 de septiembre de ese año la Fiscalía amplió la imputación en contra de
Sergio Pampa en el mismo caso que era procesado Gutiérrez, por la muerte de
Sandoval.
Hay
un intento de descabezar al movimiento cocalero
El
abogado Williams Bascopé manifestó en declaraciones a la ANF que se trata de
una “estrategia judicial para descabezar” a la Asociación Departamental de Productores
de Coca, que se ha convertido en un movimiento social de resistencia al
Gobierno.
Está claro que existe una “persecución a
los sectores contestatarios”, una “persecución jurídica y un sicariato político”
de parte del Gobierno, a través de la Fiscalía y la Justicia. “Es un sicariato
para descabezar a la Adepcoca”, sostuvo Bascopé.
Añadió que esta estrategia de
descabezar a la organización cocalera de los Yungas pretende mostrarse como un
ejemplo para reducir las protestas y desmovilizar a las bases de Adepcoca que
exigen el cierre del mercado de coca ilegal abierto por el aliado del MAS,
Arnold Alanes.
La intención es infundir “miedo,
aterrorizar”, primero instalando varios procesos legales; luego investigando a
los familiares para presionar y esto “es lo más aberrante”. Es difícil que un
productor tenga que enfrentar cinco, seis, hasta 10 procesos, eso es imposible
de sostener, dijo.
Bascopé también cuestionó que el
Gobierno sea cómplice de la ilegalidad, al permitir que Alanes siga manteniendo
la venta de coca de manera ilegal, a través de un mercado que no tiene
autorización de funcionamiento porque la Ley General de la Coca solo reconoce
dos mercados.
Dicha ley es precisa, señala que en
el país hay dos mercados, el de Sacaba en Cochabamba y el de Adepcoca en La
Paz. En una resolución ministerial se precisa que ese mercado está ubicado en
la calle Arapata y avenida Ramiro Castillo en Villa Fátima.
Así, los ejecutivos
de Adepcoca que se enfrentan al Gobierno han terminado procesados y muchas
veces encarcelados. La Fiscalía tiene en la mira a al menos otros 14 dirigentes
más. Los dirigentes advirtieron que tendrán reemplazos porque son 43 mil socios
que defenderán a sus representantes.
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