Sin lugar a dudas, la decisión de suspender el Censo Nacional de Población y Vivienda es sensata, así como también es plausible que haya surgido de un Consejo Nacional de Autonomías compuesto no solamente por autoridades del Gobierno central. Desde este mismo espacio, hace un mes, habíamos adelantado que el Censo podría ser postergado.
Tal como lo dijimos aquella vez, diferentes motivos, pero principalmente intereses políticos, significaban una presión importante y todo indicaba que se tomaría una determinación como la anunciada este martes desde la Casa Grande del Pueblo. En definitiva, ya no será el 16 de noviembre de este año sino en 2024.
Si hubiera razones políticas antes que de cualquier otro tipo, lógicamente, no las confesarían. Entre las esgrimidas ayer por el portavoz del Consejo, el viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, están: los contagios por covid-19, la falta de socialización del proceso censal, la necesidad de incorporar de idiomas originarios en la boleta y una cartografía actualizada en coordinación con gobiernos municipales. Incluso mencionó la migración por la zafra, un argumento curioso porque exactamente el mismo fenómeno se registra año tras año y el 2024 no tiene por qué ser la excepción.
De todos esos motivos, el más importante parece ser el de la cartografía. Hace unas semanas, el interino en el INE, Gastón Cordero, reportó un 23% de avance en la actualización cartográfica, etapa previa fundamental al Censo 2022. No deja de llamar la atención que tanto él como el titular en ese cargo venían informando de esta fase con un aire de suficiencia, cual si todo anduviera como sobre ruedas.
Pero no todo andaba como sobre ruedas. También en junio recién pasado, la renuncia del director del INE, Humberto Arandia, había desatado una ola de rumores en torno al proceso que él encabezaba y que, como era de esperarse, necesita de certidumbres más que de cambios de timón cuando —recordemos— faltaban meses para el Censo. A eso le siguió la dimisión de la exministra de Planificación, Gabriela Mendoza.
Lo cierto es que, más allá de estos sobresaltos en el Ejecutivo, a medida que la más importante de las encuestas estadísticas del país se acercaba, surgían dudas acerca de cuán avanzados estaban los preparativos dentro de un trabajo tan serio como este. Reiteramos: a pesar de que el tiempo le jugaba claramente en contra, el INE no decía más que lo que dejaba entrever: “todo está bien, tranquilos que llegamos”.
Para llegar a un censo tiene que haber, necesariamente, consenso, un acuerdo político no solo entre partidos, sino entre todas y cada una de las instancias representativas de una sociedad civil. Eso, que suena básico, no se había logrado para este año; por lo tanto, la suspensión o el aplazamiento para 2024 es un acierto.
Por otro lado, debe primar el cálculo técnico y no el político. Es de esperar que, de ahora en adelante, el proceso sea llevado adelante con criterios extrapartidarios. No hay que olvidar que el fin último del Censo es obtener una radiografía de la realidad del país, idealmente, con miras a un futuro Pacto Fiscal.
Por lo demás, en lo que respecta a la distribución de escaños a partir de la información que se obtenga del nuevo Censo, es inevitable que de ese “mapa” actualizado unos departamentos salgan “favorecidos” y otros “perjudicados”. Pero, es precisamente ahí donde se requiere de criterios sabios y justos para que el país pueda darles a todos sus habitantes lo que se merecen, en equilibrio, atendiendo siempre mejor a quienes lo necesitan con urgencia, de modo que no exista desamparo por concentración de recursos en lugares simplemente más poblados.
La migración es una realidad y es decisiva en este tema. Pero, justamente por ella, urgen políticas previsoras.
