Es vox populi que por diferentes motivos, pero, principalmente, por intereses políticos, el Censo Nacional de Población y Vivienda, previsto para el 16 de noviembre (quedan solamente cinco meses), podría ser postergado. No hay un criterio unánime en el país respecto a si se debería llevar a cabo en la fecha indicada.
En las últimas horas, después de que corriera el rumor y a continuación se desatara una ola de especulaciones, se confirmó la renuncia del director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Humberto Arandia. Ocurre que desde esa institución, un día antes, se había dicho que la información era falsa. no pasaron siguiera 24 horas para que el propio Arandia confirmara su salida de la entidad. Un verdadero papelón.
Ese es un síntoma de nerviosismo, algo que se notó en la conferencia de prensa que el dimitente ofreció en la mañana de ayer, cuando se esmeró en aseverar que el censo no está en riesgo con su salida del INE. “Sí tengo un problema de salud, pero el Censo de Población y Vivienda se encuentra garantizado y se viene llevando adelante con el equipo de profesionales de mayor experiencia y conocimiento técnico en nuestro país en la materia censal”, dijo en tono firme.
Hasta el momento de la redacción de esta nota editorial no había reemplazante para Arandia y la autoridad renunciante —según dijo, por motivos de salud— continuaba al frente de la institución responsable de encabezar el censo en Bolivia.
Lo cierto es que la inminente salida de Arandia del INE no hace más que echar todavía más dudas al proceso en curso, aunque se enoje el aludido (en su conferencia fue enérgico, pero por momentos se lo notó molesto con algunas reacciones de políticos opositores; afirmó, por ejemplo: “bajo ningún aspecto voy a permitir que se melle la dignidad de esta institución [INE] indicando que esta renuncia está basada en problemas asociados al censo”).
No es de extrañarse que hubieran repercursiones negativas. Pasa en el INE, con relación al censo, como pasa otras veces en el Tribunal Electoral cuando estamos en puertas de unas elecciones. El cambio de una máxima autoridad en cualquiera de estas dos instituciones provoca lógicas susceptibilidades.
Por más esfuerzo que se le hayan puesto a las argumentaciones —de todos modos no se advierte una gran movilización organizativa hasta ahora— ha vuelto a instalarse la desconfianza y la incertidumbre respecto al proceso iniciado no hace mucho rumbo al censo planificado para este año.
En Potosí, se maneja la posibilidad de aprobar una ley municipal para que la distribución de recursos tome en cuenta los resultados del censo: zona en la que se verifique que sus habitantes se fueron a hacer censar en otro municipio, sería zona que solo recibiría obras según la cantidad de habitantes que arroje el censo.
En Chuquisaca, desde la Gobernación, ayer mismo se anunció que convocarán a una reunión la próxima semana para unificar la postura de este departamento en relación con este importante tema. Aunque distintas voces, a un principio, habían admitido que los resultados del censo seguramente perjudicarían a Chuquisaca en los ámbitos político y económico, con el paso de los días se fueron allanando a su realización e inclinándose más bien por plantear propuestas de soluciones a los problemas que, según han advertido ya varios expertos, se les avecinan a las regiones expulsoras de habitantes.
Departamentos como Chuquisaca y Potosí deberían tomar más en serio este peliagudo asunto, sobre todo tendrían que estar mejor preparados —las ideas muy claras— para lo que viene. Este periódico lo viene alertando incluso antes de que se fijara la fecha del censo, frente a la alarmante inercia de instituciones públicas y privadas, varias de ellas deslegitimadas por acciones de políticos desvergonzados, hoy en día más interesados o preocupados por el bienestar de su partido que por el de su lugar de origen y el de su familia.
Entretanto, suenan voces que comienzan a pedir la postergación del censo de noviembre.
