Acusan a dos activistas de Sucre en el caso RJC
La defensa de los miembros de la RJC observan una “venganza política” de parte del Gobierno y de la Fiscalía

Mario Salazar y Ayda Raquel Loayza Torres son dos activistas de Sucre que fueron incluidos en la acusación formal del Ministerio Público en contra de los miembros de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) por supuestamente haber pintarrajeado las paredes de la Fiscalía General del Estado y exigido la renuncia de su titular, Juan Lanchipa, en octubre de 2020. La defensa de los miembros de la RJC observan una “venganza política” de parte del Gobierno y de la Fiscalía.
En los últimos días, el Ministerio Público notificó con la acusación formal a los miembros de la RJC Yassir Molina, Mario Antonio Bascopé, Fabio Alejandro Bascopé y Milena Soto y, entre ellos, también a Salazar y Loayza, dos activistas de la capital.
La Fiscalía acusó a todos ellos por los delitos de fabricación, tenencia porte y portación de armas no convencionales; atentados contra el patrimonio y riqueza nacional; estorbar el ejercicio de funciones; destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional; privación de libertad y daño calificado; organización criminal y otros.
“Son delitos que definitivamente rayan en lo absurdo, es una acusación tendenciosa, direccionada a un acto de venganza, porque la RJC, al igual que muchas otras plataformas nacionales, se trasladaron hasta la ciudad de Sucre para pedir la renuncia del Fiscal General, para transparentar la justicia”, señaló ayer Jorge Valda, abogado de los acusados.
NO HAY PRUEBA
En criterio del abogado defensor, no hay prueba para ninguno de los 10 delitos por los que se acusa a los miembros de la RJC y menos se adecúa a la conducta de los jóvenes. Ellos, dijo, solo hicieron uso de su derecho a la protesta al pedir la renuncia de Lanchipa.
Admitió que sí se observaron grafitis en las paredes de la Fiscalía General, pero agregó que a ese tipo de manifestaciones no se las puede considerar como “organización criminal”.
El activista Salazar dijo que hace unos días le notificaron con una ampulosa acusación y que si bien estaba presente en dichas manifestaciones, él solo apoyó la movilización y la vigilia, y dijo que no pintó grafitis.
“Estaba haciendo vigilia no solo ahí, sino en el TCP, pero nunca hemos pintado una sola raya. Aparecieron unos jóvenes de negro y justo ese día amaneció pintada la Fiscalía”, agregó al indicar que “no puedo asegurar, quizá eran infiltrados del MAS”.
JUICIO ORAL
Este proceso está radicado en el Juzgado Primero de Sentencia a cargo de Luis Benjamín Rojas La Torre, que en los próximos 20 días, fijará día y hora para la audiencia de juicio oral.