Este mismo mes, en un editorial titulado “El país del revés”, lamentábamos que Bolivia haya caído a un estado de inversión moral tal que, como dice la canción de María Elena Walsh, “un ladrón es vigilante y otro es juez”.
Lo que decíamos, entre otras cosas, es que bajo el régimen del MAS no va a la cárcel el que comete delitos, sino quien los denuncia, como pasó con Marco Aramayo y Elvira Parra.
Pues bien, en Santa Cruz, la denuncia de los autos robados dio lugar a que se persiga a una inocente.
En el país del revés, la Policía ha protagonizado otro hecho que, si continuase existiendo el programa de Ripley “¡Aunque usted no lo crea!”, con seguridad motivaría que los equipos de esa empresa lleguen de urgencia a la Urbanización España en Santa Cruz a grabar el capítulo de cómo uniformados de verde olivo allanaron la vivienda de una mujer solo por ser vecina del coronel Raúl Cabezas Pantoja, quien fue encontrado en posesión de una vagoneta Mitsubishi robada en Atacama (Chile).
¿Y por qué entraron a la casa de alguien que no tiene nada que ver con el robo del vehículo? Simplemente porque sospechan que allí pudieron haberse hospedado los periodistas e investigadores chilenos que destaparon el caso de Cabezas y los motorizados sustraídos en Chile que se venden en Yapacaní y otros lugares de Bolivia en ferias públicas y a plena luz del día.
Los colegas de Raúl Cabezas Pantoja, ahora destituido y detenido, investigan si la señora Ana Araníbar, la infortunada vecina, tuvo contacto con los investigadores chilenos, y le secuestraron el celular para ver si ella ayudó a los que descubrieron un vergonzoso acto de corrupción y delincuencia que involucra nada menos que a altos jefes de la Policía Boliviana.
La vecina niega que los chilenos hubieran entrado en su casa; denunció que se siente hostigada y amedrentada por los efectivos policiales solo porque en una ocasión los chilenos fueron a buscarla porque un vecino los envió y ella no les dio ninguna información.
Pero, pongamos la hipótesis de que ella u otro vecino hubieran “ayudado” a los periodistas chilenos con algún dato que contribuyó a hacer público el escandaloso caso de participación de policías en el robo de vehículos chilenos, ¿cuál sería su delito? El delito es la sustracción de los motorizados y la posterior comercialización de autos, vagonetas o camionetas robadas, en algunos casos con violencia, al otro lado de la frontera.
La Policía Boliviana persigue a un ciudadano de este país por sospechas de haber hospedado a personas extranjeras o ayudado a hacer su trabajo. Ahora, habrá que preguntarse qué hubiera hecho con los periodistas chilenos si los descubría trabajando, ¿los hubieran encarcelado? ¿Y de qué los hubiesen acusado? El ejercicio del periodismo es libre en el mundo: un periodista boliviano puede viajar a Santiago, Barcelona o Kiev a hacer reportajes sin que nadie se incomode por eso. Con el mismo derecho, un chileno puede llegar a Bolivia a hacer una investigación o reportaje.
Y el hospedaje propiamente tampoco es delito, así sea a periodistas o investigadores. ¿Habrá la Policía Boliviana escuchado hablar de Airbnb, el sistema digital que ofrece alojamientos a cualquier persona del mundo en domicilios particulares de 191 países y que compite legítimamente con el negocio hotelero del planeta? Alojar a bolivianos o extranjeros no es ningún delito.
La Policía, cuyo comandante Jhonny Aguilera dice que es mejor que el FBI, es digna de un caso “de Ripley”. Ni siquiera el propio presidente Luis Arce ya puede defenderla; más bien está “indignado” con la actuación de sus altos jefes, según ha revelado el vocero Jorge Richter. Por cierto, la comparación con el FBI también sería otro capítulo de “¡Aunque usted no lo crea!”.
