Nicaragua: CIDH rechaza cancelación de personería jurídica de organizaciones por la libertad de expresión

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó que junto con sus Relatorías Especiales rechazan la sentencia condenatoria contra Cristiana Chamorro Barrios y otras personas vinculadas a la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh) –que promueve la libertad de expresión–, pero también condenan “el acelerado cierre del espacio público en Nicaragua”, que incluye la reciente decisión de cancelar la personalidad jurídica a 25 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la Asociación de Periodistas de Nicaragua (APN).

El 21 de marzo de 2022 el Juzgado Noveno Distrito Penal de Juicio de Managua confirmó condenas que oscilan entre 7 y 13 años de prisión contra Cristiana Chamorro Barrios, Pedro Joaquín Chamorro Barrios, Walter Antonio Gómez Silva, Marcos Antonio Fletes Casco y Pedro Salvador Vásquez, beneficiarios de medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana, por su vinculación con la FVBCh. Además, les habría impuesto multas de 1.6 millones de dólares aproximadamente.

Para la CIDH y sus Relatorías Especiales, esta decisión judicial se inserta en un contexto de medidas adoptadas por el Ejecutivo mediante el concurso de diferentes instituciones estatales alineadas y dirigidas por el Ejecutivo para cerrar el espacio cívico y que atentan gravemente contra organizaciones que ejercen la defensa de los derechos humanos, la libertad de asociación y de expresión, señala una nota de prensa de la comisión.

Asimismo, recuerda que el 17 de marzo, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó la “cancelación arbitraria” de la personería jurídica de 25 organizaciones y fundaciones, por el presunto incumplimiento de requisitos establecidos en la Ley General sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro y en la Ley contra el lavado de activos y su reglamento. Con esta decisión, según información del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), al menos 135 organizaciones han sido cerradas de manera forzada desde diciembre de 2018.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) expresa su preocupación, particularmente, por la cancelación de la personalidad jurídica de la Asociación de Periodistas de Nicaragua (APN) y de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh), y la anterior cancelación de PEN Nicaragua, organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de expresión y la promoción de un periodismo de calidad en el país. Tanto la FVBCh como PEN Nicaragua se vieron forzadas a cesar sus operaciones en febrero de 2021 a raíz de la Ley de Agentes Extranjeros, normativa cuestionada por la RELE y Relatores de Naciones Unidas por ser contraria a los estándares internacionales en la materia.

De igual manera, la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca) expresó su preocupación ante la cancelación de la personería jurídica del Centro Alexander von Humboldt (Centro Humboldt), la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) y la Asociación Operación Sonrisa, dedicadas a la defensa del ambiente y de los territorios frente al cambio climático, a la erradicación de la pobreza y a la promoción y protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. La Redesca resalta que el Centro Humboldt funge además como la coordinadora regional de la Red de Acción Climática para Latinoamérica (CANLA en inglés), la cual abarca una amplia red de organizaciones de sociedad civil que concierta los esfuerzos de promoción y defensa de las acciones climáticas desde un enfoque de derechos en la región.

Por otra parte, la Comisión y sus Relatorías Especiales condenan la cancelación de la personería jurídica del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cejudhcan), organización que ha contribuido históricamente a la defensa de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe. Al respecto, integrantes de diferentes comunidades han denunciado los graves efectos que el cierre de esta organización tiene para la protección de sus derechos y territorios tradicionales en un contexto de agresiones sistemáticas por parte de "colonos".

La CIDH y sus relatorías especiales entre otras varias observaciones, advirtieron “con preocupación” que el cierre masivo y forzado de las organizaciones de la sociedad civil, fundaciones, universidades, agencias de cooperación y desarrollo, colectivos feministas, gremios médicos, entre otros “impactan negativamente en la población nicaragüense puesto que la deja en un estado de indefensión y mayor vulnerabilidad para la defensa de sus derechos, y desincentivar cualquier forma de asociación y expresión de disenso. Además, son medidas que profundizan la crisis económica, social, política y de derechos humanos en el país”.