La captura del asesino de El Alto que enterró por lo menos a tres de sus víctimas en su propia casa, nos ha dejado, por un lado, estupefactos ante el cercioramiento de que algo tan atroz pueda suceder a la vuelta de la esquina, tremendamente angustiados por el trágico destino de esas tres jóvenes, y profundamente preocupados porque este sí es un caso de verdadera inseguridad ciudadana, cuyas principales víctimas son mujeres jóvenes, o adolescentes.
El criminal en cuestión, es sin lugar a dudas un psicópata extremadamente peligroso, y nunca debió haber salido de la cárcel, una vez que se lo condenó, tras juicio, con pruebas y confesión por el primer horrendo asesinato que cometió o que se le pescó.
El que hubiera salido en libertad, porque en realidad no tuvo un arresto domiciliario, a pocos años de ser condenado, ha puesto en evidencia la podredumbre del sistema judicial boliviano, algo que es conocido absolutamente por todos.
El juez Alcón, que ciertamente cometió un prevaricato, que solo es explicable a partir de una tremenda imbecilidad, o de una corrupción sin parangón, es el principal responsable de que se hubiera puesto en la calle, a un ser que no merecían estar en esta, y que tenía la potencialidad de reincidir en su comportamiento criminal.
El que este juez sea hermano de un miembro del Consejo de la Magistratura, no solo ilustra un caso de nepotismo, sino lo dañino que puede ser este.
Sin embargo, el asunto va más allá, lo que uno tiene que cuestionarse, es cómo fue posible que un personaje tan descalificado, como el asesino en cuestión, estuvo en condiciones de lograr una liberación de un juez. Dicho de manera simple, ¿cuánto dinero corrió, para que el juez diera una orden tan aberrante?, lo que más podría preocupar, no es que hubiera sido una inmensa cantidad de efectivo, sino más bien una nimia.
La otra opción, es que la liberación del reo, hubiera tenido que ver con otro tipo de presiones, de redes de poder, dentro del sistema judicial, de chantajes que el mismo juez hubiera podido sufrir.
Lo cierto es que es posible que el poder judicial boliviano esté pasando por su peor momento, y es el peor rostro del nuevo Estado Plurinacional, y el asunto es que es muy difícil esperar que las cosas cambien, simplemente porque no hay voluntad política para hacerlo.
El masismo, que detenta el poder, está solo interesado en consolidarse como un gobierno para siempre, eso no puede funcionar con un buen sistema judicial, la justicia solo puede ser torcida a favor del poderoso cuando se tiene gente de la peor calaña a cargo de ésta, y en esas estamos. Como está la cosa, Bolivia no puede tener jueces justos, ni fiscales que verdaderamente busquen la verdad.
Ahora bien, esta estrategia, este sistema hediondo, de tener escoria como la jueza Pacajes, o como el tal Alcón, aparte de ser tremendamente oneroso para el ciudadano de a pie —puesto que lo pone en enorme peligro, por angas o por mangas— tampoco es bueno para el Gobierno, pues puede al final significar su mayor desgaste y es obviamente mortal para la democracia.
El ministro Lima ha vertido expresiones muy adecuadas respecto del caso que nos ocupa, pero ha visto frustrada su intención inicial de una reforma judicial que obviamente perjudicaría los intereses de las cúpulas del MAS, esperemos que esta terrible situación, llame a reflexionar sobre lo inadmisible que es el actual estado de cosas.
Mientras tanto, y más allá de la pena que debe cumplir, Alcón se está tardando demasiado en pedir disculpas a las víctimas del tipo que él liberó, ya los familiares de aquellas.
