No es de ahora, no es de hace un año, no es de hace un quinquenio, es de mucho más tiempo atrás, que la población viene presentando queja y disgusto sobre la justicia, modo de operar, modo de seleccionar funcionarios, modo del seguimiento de un proceso judicial, manejo de la sentencia, en fin, todo lo que implica llegar al fin de una sentencia judicial, sin contar el tiempo que demanda ello. Sin contar los colaterales como ser costos adicionales propios y de “coimas”, intencionalidad de favoritismo, la presión personal, el daño psicológico y físico que causa la incertidumbre de esperar resultados sean estos en lo estricto de lo que reza la ley.
En lo institucional la degradación de la profesión de licenciatura en Derecho se ha convertido en casi la construcción de una mafia dentro de un caos; como cierto reo decía, “he formado un consorcio para manipular el sistema judicial”, o sea si hay uno seguro que hay más, y probablemente lo seguro que el consorcio corrupto más grande es el que administra el MAS.
Hoy hay cientos de ejemplos donde la administración de justicia ha cometido gravísimos errores, y si estos son premeditados son un delito, que abarcan no solo temas sociales como los ya conocidos; ej. Los crímenes contra el género y lo que implica dentro de los derechos individuales protegidos en la Constitución; los derechos colectivos como son los de derechos de la población en salud, seguridad ciudadana y jurídica, que también son constitucionales; los crímenes contra la patria que derivan de una Corte Electoral por socapar dos fraudes electorales amparados en resoluciones del Tribunal Constitucional interpretando la Constitución a su antojo. Ahora están en boga juicios políticos con tintes penales/civiles. Qué pasará con una gran interrogante: procesos de narcotráfico donde se sabe que plata es lo que menos falta.
Es de lamentar que el brazo ejecutor de estos consorcios sea una memorable Institución, la Policía Boliviana, de disposiciones que seguro ellos mismos saben que son contrarias a la ley, y además se someten al escarnio público sea por presunta acción ilícita o por participación en momentos de emancipación que necesariamente participaron como el 2019, se someten a estudiadas presentaciones (show) donde propios camaradas los condenan sin juicio y dan muerte civil a sus colegas.
Para poder salir del paso el gobierno de Luis Arce Catacora fabrica una posición de contención mal calculada, “una comisión de investigación” con duración de 120 días para corregir/investigar/auditar todos los prevaricatos, sentencias amañadas, permisos comprados, beneficios de intra/extramuro a reos rematados, etc., en un solo tópico de la ley, acerca de feminicidios, cuyo fin es un informe para conocer quiénes obraron en ley y quién no; funcionarios que ellos mismos colocaron en la administración de justicia.
Primero, para saber si alguno de ellos (delincuentes) está coligado al Gobierno antes o después, cabe recordar que de cierto personaje de la politiquería boliviana –cuyas tendencias son las menores– hubo denuncias que se acallaron, solo sabe el sistema corrupto judicial por qué. Y segundo para tener una imagen administrativa judicial, enmascarando los problemas del país que son muy angustiosos como YPFB y los sueldos sindicales, ítems fantasmas donde sea que se deba hacer una investigación, impuestos, economía de Estado, plan de salud pre y post pandemia. Imagen que servirá de propaganda para darle oxígeno de otro mes o dos tal vez sin que se manifiesten problemas estructurales, donde por cierto todos los miembros de esta comisión son del MAS y están los que debían haber cumplido con su labor encomendada ej. Presidente del Consejo de la Magistratura.
Es entonces que viene una gran pregunta sobre las víctimas y cuantas de ellas son afectadas. Consideraremos los ejemplos que anteriormente mencionados, un reo rematado que no debería estar en la calle cuyo historial público refleja 77 víctimas, entre homicidios y violación/estupro; pues no son solo 77, tienen un padre/madre, hermanos, primos, amigas y conocidos que son un daño colateral ante una decisión judicial corrupta infringiendo mal ejercicio de la profesión (hay que ver la validación de sus títulos profesionales), tal vez no son legalmente licenciados en Derecho; es el número de afectados mayor que el crimen en sí. Familias enteras y cientos de ciudadanos afectados. ¡No es que reza un precepto que la familia es la base de la sociedad!
Los derechos colectivos también pueden ser pasibles de comparación con los hechos individuales, solo que las proporciones de afectación son mayores, el hecho de no permitir el paso de oxígeno para pacientes críticos, unos podrán ser producto de la pandemia, otros no. O el simple hecho de permitir la caducidad de vacunas y/o medicamentos, o no tener cumplida la fecha de vacunación total, jugando con el miedo de la población, que se ve obligada a consumir medicación por prevención o uso ante lo que cotidianamente ve. Allí los afectados son miles, centenas de miles. Podría ser extensa la lista de ejemplos, pero creo que con el último se entenderá claramente el fin del artículo.
Al momento que se fuerza la candidatura del MAS el 2019 y se constata un fraude por la OEA, donde se apaga la luz, el sistema de recuento se detiene, se comete un delito. Al momento que no se dio paso a las denuncias electorales de las elecciones 2020 y ante la solicitud de la población de una auditoría forense al sistema informático y al padrón, denuncia soportada por un miembro del Tribunal Electoral con renuncia forzada a su cargo de tribuno y no se transparenta, se comete delito, donde los afectados son todo un país +/- 11.000.000 (once millones de personas), buen,o descartando 100 o 200 funcionarios de élite, que administra el Estado judicial, ejecutivo, electoral y parlamentario, y que en lo externo obedece además a intereses foráneos. Cualquiera fuese el nombre genérico, los Richard's o de los/las Zapata's, etc., de Bolivia están ahí, y mientras más el número de afectados/víctimas les corresponde por sus acciones delictivas, supongo se entenderá que proporcionalmente son mucho peores que los públicamente mostrados como propaganda administrativa de un gobierno paupérrimo.
Pongo fe en las nuevas generaciones, pongo fe en los nuevos actos de conciencia por Bolivia, pongo fe en el ciudadano boliviano, pongo fe y esperanza en el renacimiento de Bolivia.
