Red Unitas observa parcialidad de la Defensoría en conflictos de 2019

En medio de los conflictos sociales y la crisis sanitaria por el covid-19, el Observatorio de Defensores de Derechos de la Red Unitas, detectó una parcialización de la Defensoría del pueblo y señales parecidas desde los organismos internacionales.

El informe, de 84 páginas, fue presentado ayer en una Consulta Nacional con organizaciones de la sociedad civil, la Academia, organizaciones sociales y medios de comunicación por el observatorio de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (Unitas).

El documento es producto de una “recopilación de información y un análisis sobre el estado de libertades y derechos fundamentales en Bolivia durante el 2020”, destacó Hernán Ávila, responsable del programa Sumando Voces de Unitas.

En la cuarta sección del informe, que hace referencia a la Institucionalidad democrática, se evidencian varias irregularidades que se generaron en 2020. Éstas hablan sobre la independencia de poderes, el Órgano Ejecutivo, Legislativo, Judicial, la Policía Boliviana y Fuerzas Armadas, el Tribunal Supremo Electoral, la Defensoría del Pueblo y los organismos internacionales de protección de los derechos humanos.

Además se evidencia que la Defensoría, dirigida por Nadia Cruz,  tuvo un papel parcializado después de los conflictos electorales de 2019. Como antecedente, el informe recuerda que Cruz fue elegida por los dos tercios de la Asamblea Legislativa, que pertenecían al Movimiento Al Socialismo (MAS).

El informe de Unitas también hace referencia al papel de los organismos internacionales durante los conflictos sociales. “Uno de los aspectos más preocupantes observados durante el 2020 refiere al accionar de los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos que dieron señales de parcialización al momento de recibir, atender denuncias y elaborar informes”, destaca el documento.

Los reportes elaborados por estos organismos internacionales, no reflejaron a cabalidad los hechos ni establecieron las responsabilidades por las violaciones de derechos humanos, en la crisis poselectoral del 2019, “enfatizando principalmente su atención en los hechos ocurridos en Senkata y Sacaba”.