Por: Zulema Alanes B. |
El ministro de Relaciones Exteriores, Rogelio Mayta, aseguró que el 2019 se evitó un “magnicidio” contra Evo Morales, mientras el Gobierno decidió poner presión sobre la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) y la fiscalía aceleró la escalada de detenciones en varias ciudades del país.
Para completar el cuadro, el jefe de la bancada del MAS en el Senado, aseguró que hay “exceso de democracia” en el país y acusó de sedición a la oposición, y la mujer que le pone cara a la estrategia del supuesto “Golpe de Estado” se querelló contra el magistrado del TCP que allanó la sucesión presidencial.
Desde la sociedad civil, la agrupación UNO (Una Nueva Oportunidad) denunció al gobierno de Luis Arce de continuar “con acciones ilegales e inconstitucionales que acentúan el riesgo de desaparición del estado constitucional de derecho y la existencia misma de la democracia en Bolivia”.
ESCARMENTAR A LA RESISTENCIA JUVENIL
Mario “Tonchy” Bascopé, integrante de la Resistencia Juvenil Cochala, imputado por los delitos de organización criminal, portación de artefactos explosivos y destrucción de bienes del Estado, se constituye junto con Yassir Molina, en símbolo de la arremetida del Gobierno contra la resistencia ciudadana de los jóvenes en Cochabamba.
El 22 de julio, fue detenido cuando salía de la cárcel de Palmasola con una orden de libertad. La Policía lo detuvo sin orden de aprehensión, fue subido a una camioneta negra y llevado con rumbo desconocido.
Dos días después de su detención, el Ministerio Público anunció que pedirá su detención preventiva en la cárcel de Cantumarca, de Potosí. Bascopé fue internado en un hospital de la ciudad de Sucre, su familia denunció que fue torturado y se le negó asistencia médica privada para evaluar la causa y la magnitud de sus dolencias.
A pedido de su familia, una junta médica virtual estableció que debe guardar reposo entre cinco a siete días por un hematoma abdominal, pero la Fiscalía anunció que fue dado de alta y que se cumplirá su audiencia cautelar en la que esperan se ordene su detención en la cárcel potosina.
La suerte de Bascopé ya está echada. El exdefensor del Pueblo de Cochabamba y actual viceministro de Régimen Interior, Nelson Cox, sentenció a los integrantes de la Resistencia Juvenil Cochala y aseguró que no les ampara el derecho constitucional de la presunción de inocencia.
MÁS MILITARES DETENIDOS, EL ÚNICO LIBRE ES KALIMAN
Este lunes, la Fiscalía amplió la persecución de militares en tres departamentos y aceleró su aprehensión y detención. Abrió el caso Betanzos en Potosí y ejecutó la primera detención. Por el caso Senkata ya son seis los militares detenidos y otro está tras las rejas por el caso Sacaba. El único que sigue libre es el excomandante de las Fuerzas Armadas, William Kaliman.
En Cochabamba fue detenido este lunes el coronel de Ejército Luis Alberto Pacheco, y enviado a la cárcel de Cantumarca en Potosí, acusado de homicidio y tentativa de homicidio durante los sucesos de Betanzos en 2019. El fin de semana fue aprehendido el coronel de Ejército, Franz Vargas, acusado por los hechos de Sacaba y fue remitido preventivamente a la cárcel de San Pedro de Sacaba, en el trópico cochabambino.
En la ciudad de El Alto, fue aprehendido el almirante, Moisés Mejía, que integró el Alto Mando Militar durante el gobierno de Jeanine Añez.
LA QUERELLA CONTRA UN MAGISTRADO
La exasambleista Lidia Patty se querelló este lunes contra el magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Petronilo Flores, y demandó su detención preventiva por suscribir un comunicado que consolidó la sucesión constitucional de Jeanine Añez.
Patty, que es la mujer que le pone la cara a la estrategia del supuesto “golpe de Estado”, denunció al magistrado Flores por los delitos de incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes y en su querella asegura que el comunicado emitido el 12 de noviembre de 2019 por el TCP y suscrito por Flores consolidó el “golpe de Estado” y fue un acto “doloso e inexplicable y debe ser sancionado con el mayor rigor para que en un futuro un órgano del Estado no se preste e intereses políticos”
EL CHERRY DE LA TORTA
Y en medio de la sucesión de hechos montados para sostener el relato de “golpe de Estado”, el canciller Rogelio Mayta, aseguró que el 2019 se evitó un “magnicidio” en contra de Evo Morales.
Dijo que el asilo otorgado por México, salvó la vida de Morales y advirtió que “si se hubiese cometido ese magnicidio, se la gente llena de odio, de prejuicios, hubiese llegado a consumar ese hecho, el impacto hubiese sido muchísimo mayor”. No mencionó que Morales renunció para luego escapar del país, a bordo de un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, el 11 de noviembre de 2019 desde el aeropuerto de Chimoré.
En la misma línea, el jefe de la bancada del MAS en el Senado, Adolfo Flores, aseguró que en Bolivia hay “exceso de democracia” porque desde la oposición “se dan a la labor de pedir a algunos bolivianos que ideológicamente no coinciden con el Gobierno actual que se preparen para levantarse y, si es posible, amenazan con tumbar al Gobierno, eso qué significa, ustedes periodistas y el pueblo boliviano, ¿es sedición o no es sedición?".
EL ESTADO DE DERECHO Y LA DEMOCRACIA EN PELIGRO
Desde la sociedad civil, la agrupación UNO alertó sobre los peligros que se ciernen sobre el estado de Derecho y la democracia.
En un pronunciamiento, hace un recuento de las acciones tomadas por el Gobierno de Luis Arce, desde la detención de la expresidenta Jeanine Añez y dos de sus ex ministros, varios exjefes militares y activistas juveniles, así como la persecución de dirigentes de la oposición “sin respetar el ordenamiento jurídico, desdoblando ilegalmente los actos y privándoles de su derecho a la defensa, al debido proceso y la presunción de inocencia”.
Cuestiona “la omisión intencional de todos los hechos en los que partidarios del MAS atacaron violentamente y cegaron la vida de ciudadanos bolivianos o abusaron de ellos. Las amenazas vertidas por distintos personeros del gobierno, de procesar a ciudadanos que disienten del MAS. Las amenazas del viceministro Nelson Cox, que advierte que quien no esté de acuerdo con la versión gubernamental de una conjura internacional en contra del ex presidente Morales podría ser involucrado en los diferentes casos que están siendo armados por el gobierno. La extinción de juicios penales en contra de militantes masistas que claramente cometieron atentados contra la seguridad y el orden público”.
Según UNO, se vive un tiempo de “utilización de la justicia para la persecución política en su peor versión” y advierte que no hay señales de que esto cambie como lo dejó en claro “la declaración, por el expresidente Evo Morales, de que la reconciliación sólo será posible si todos adoptan la doctrina masista”.
A todo ello se suma “la advertencia de que el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado mediante un Acuerdo entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Estado Plurinacional de Bolivia, sólo será aceptado por el gobierno y se le reconocerá carácter vinculante si satisface las expectativas del MAS y si incrimina a los medios que, según los masistas, mintieron al país”.
Y en el listado de vulneraciones, también menciona “La ocupación arbitraria de tierras, loteos, incendios y deforestaciones en la Chiquitania, con claro y expreso involucramiento del ex presidente Evo Morales. La destitución ilegal e inconstitucional de vocales electorales departamentales y su reemplazo por nuevos personeros nombrados por el presidente Arce; los intentos de procesamiento a varios de sus miembros. El alineamiento gubernamental con dictaduras como las de Cuba, Venezuela y Nicaragua, caracterizadas por la conculcación diaria y permanente de los derechos de las personas”.
La plataforma ciudadana Una Nueva Oportunidad (UNO), “rechaza todas las actitudes de abuso del gobierno del MAS” y convoca a la ciudadanía “a mantenerse vigilante frente a estos atropellos, y a emplear todos los caminos constitucionales y legales que permitan revertirlos”.