Bolivia atraviesa sus peores horas por el desastre humanitario que sus ciudadanos padecemos: al sábado pasado, los fallecidos registrados alcanzaban a 14.981 conciudadanos y, durante las recientes semanas, se batieron los récords de muertos diarios, así como de contagios. Mientras, los vacunados suben muy pero muy escasamente frente a la magnitud del desastre y, la incertidumbre e inseguridad acechan a nuestras familias, sea sobre las 2º dosis, si lograron la 1º vacunación y, lo que es peor, si de contagiarnos con el virus chino podremos acceder a servicios de salud, medicinas o hasta oxígeno (tengas o no recursos).
Disculpándome por mi crónica ingenuidad constitucional, nuestra CPE proclama –entre otras perlitas– que todas las personas tenemos derecho a la salud e incluso que el Estado garantiza la inclusión y ese acceso en favor de todas las personas, sin exclusión ni discriminación alguna. Aunque usted no lo crea, su art. 37 ordena, pomposamente: “El Estado tiene la obligación indeclinable de garantizar y Sostener el derecho a la salud, que se constituye en una función suprema y primera responsabilidad financiera. Se priorizará la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades”. Puro papo…
Se dijo que la pandemia inocultablemente causada a esta altura del desastre por la tiranía china –“Los brotes son inevitables, pero las pandemias son opcionales”, Brillant– sacaría lo mejor de la humanidad, en términos de solidaridad y bonhomía. No dudo que así ha ocurrido en múltiples ocasiones, pero también acaece exactamente lo contrario.
El desastre es de tal magnitud que incluso, tengas recursos o estés dispuesto en tu desesperación para salvar a tu familiar a endeudarte hasta tus próximas generaciones, aun así tus posibilidades para acceder a una cama en un hospital, peor una UTI y hasta medicinas de uso regular u oxígeno, se ha convertido en una misión casi imposible y, lo que es ruin y miserable, ha surgido un mercado negro facilitado por las redes sociales en el que, a diferencia del sistema regular de farmacias y distribuidoras legalmente establecidas y reguladas, existen o por lo menos se ofertan –hasta con fraudes de por medio– ese tipo de medicinas e insumos desproporcionadamente multiplicados en su costo real.
No encuentro mayor grado de villanía por parte de aquellos sujetos ruines y miserables que aprovechándose del estado de necesidad en el que muchos ciudadanos bolivianos se encuentran por el virus chino, no dudan en disfrutar del avanzado grado de vulnerabilidad en la que sus semejantes y sus familias se encuentran. El Estado, a través del Gobierno, hace lo que puede, con sus taras ideológicas de por medio, pero la situación de desastre humanitario es tal que hasta una guerra –el peor de los desastres– o una calamidad natural –terremotos, inundaciones, etc. – parecen quedar pequeños ante la magnitud del estrago.
No es que espere mucho del Estado, pero por muchas ideas liberales que tengas acertadas para unos o no para otros, seguramente convendremos en que, como ordena la CPE, la primera responsabilidad del Estado a través de sus gobiernos radica en garantizarles a sus ciudadanos a los que se debe –no es al revés, por si acaso– no solamente ese acceso a la salud con sus insumos respectivos, sino al mayor bien de la humanidad: la vida.
Pero, también de parte de los ciudadanos, de la sociedad, más allá de aquellos déficits de la autoridad, urge abandonar aquellas ruines y miserables actitudes que flagelan a quienes se encuentran en tal evidente grado de vulnerabilidad: “capacidad disminuida de una persona o un grupo de personas para anticiparse, enfrentar y resistir los efectos de un peligro natural o causado por la actividad humana”, pues: “El acto más ruin del ser humano es aprovecharse de la desgracia de otros, para llenarse los bolsillos”.
