El edil cruceño afirmó que existieron hechos irregulares en la gestión de Angélica Sosa, y que para ello deben exponerse ante el poder judicial.
27/05/2021 20:57
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El alcalde del municipio de Santa Cruz, Jhonny Fernández, manifestó que la Dirección Jurídica y Secretaría de Transparencia, son las instancias que están realizando seguimiento a las denuncias que se han dado en los últimos contra la exalcaldesa Angélica Sosa.
"Una vez pase eso al Ministerio Público, (Secretaría) Transparencia será quién dará la información y seguramente convocarán a declarar, presentarán sus descargos, eso se manejará en esa instancia. Yo ya no quiero comentar", dijo Fernández ante los periodistas.
El edil cruceño afirmó que existieron hechos irregulares en la gestión de Sosa, y que para ello deben exponerse ante el poder judicial.
"Nosotros estamos entregando las pruebas y cada uno de los informes de las diferentes reparticiones municipales, ahí se detectaron esas irregularidades. Lo único que tenemos que ver es que el Ministerio Público y poder judicial actúen de una manera adecuada y transparente", aseveró.
530 contratos irregulares
El secretario de Administración y Finanzas de la Alcaldía capitalina, Mario Centellas, detalló que la gestión de Angélica Sosa concluyó con más de 10.000 funcionarios en la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra.
De ese total, 2.600 figuran como personal de planta, los otros son contratados de los cuales muchos de ellos de forma irregular. Dijo que un porcentaje de los que trabajaron por contrato están en riesgo de no recibir pagos porque fueron incorporados sin contemplar la certificación presupuestaria. Además, la anterior administración dejó como ‘presente griego’ unas 528 carpetas de deudas por pagar.
La autoridad señaló que existen 530 personas que fueron contratadas sin que existiera la certificación presupuestaria, razón por la cual nunca recibieron sueldos desde que están en la Alcaldía.
Adelantó que tampoco serán reconocidos por la administración de Jhonny Fernández porque los administradores de la anterior gestión incurrieron en irregularidades.
“Es imposible pagarles. Son Bs 2,9 millones que no existen en el presupuesto. En definitiva, no podemos pagar algo que está irregular porque incurriríamos en un delito penal”, indicó.
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