Álvaro García Linera y Evo Morales.
La Paz, 12 de mayo (ANF).- El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Beto Astorga, solicitó una petición de informe escrito al Procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, para que explique con pruebas las afirmaciones que hizo en el informe remitido a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el que priorizaría la defensa del expresidente Evo Morales y su entorno, y no así temas concernientes a los intereses del Estado.
“Nosotros consideramos que este informe es totalmente erróneo ya que está subestimando la inteligencia y memoria de todos los bolivianos (...) Creemos que el Procurador en vez de estar defendiendo los intereses del Estado, solo está defendiendo a los que hicieron fraude a los que renunciaron y escaparon el 2019”, manifestó Astorga.
El diputado pidió al Procurador informar y presentar pruebas sobre los motivos que le llevan a afirmar que el exvicepresidente Álvaro García Linera fue "forzado" a presentar su renuncia en 2019.
También solicitó a Chávez explicar con pruebas el porqué afirma que no existe registro de las renuncias de la entonces presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, y del presidente de Diputados, Víctor Borda; además, el por qué en el informe asevera que existió promotores del golpe de Estado en 2019.
“Todos sabemos que la renuncia de Álvaro García Linera, de Adriana Salvatierra y de Víctor Borda han sido renuncias públicas y voluntarias”, señaló.
Para Astorga, Chávez es un “peón político” de Evo Morales y está haciendo quedar mal al país al remitir informes “falsos” a los organismos internacionales. Dijo que lo único que busca el Procurador es limpiar la imagen del exmandatario en el plano internacional.
En pasados días, el Procurador remitió un informe a la OACNUDH a fin de explicar los sucesos de 2019 en los cuales considera que hubo un “golpe de Estado”.
Chávez hizo notar que, si bien Morales había renunciado a la Presidencia, esta decisión no había sido aceptada en la Asamblea Legislativa. También restó validez a las renuncias públicas de los entonces presidentes del Senado y de Diputados, bajo el argumento de que se hicieron bajo presión y que no fueron presentadas de forma escrita con las formalidades que corresponden.
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