Fuerte condena mundial al abuso policial por protestas en Colombia
Bogotá y Washington |
Estados Unidos, la ONU, la Unión Europea y organizaciones de derechos humanos denunciaron ayer un uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía de Colombia para controlar casi una semana de violentas protestas contra el gobierno que dejan una veintena de muertos y centenares de heridos.
El Gobierno estadounidense expresó su "profunda tristeza" por las víctimas y mostró su "apoyo" a la Administración del presidente colombiano, Iván Duque, para solucionar la situación mediante el "diálogo".
La portavoz adjunta del Departamento de Estado de EEUU, Jalina Porter, afirmó que "en todos los países del mundo los ciudadanos tienen el derecho a protestar de manera pacífica", aunque rechazó el "vandalismo".
Porter hizo un llamado también a las autoridades de seguridad colombianas para que muestren "la mayor contención" ante las protestas, e indicó que Washington "apoya" al Gobierno de Colombia en su búsqueda por solucionar la situación mediante el "diálogo".
Más contundente fue el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, el demócrata Gregory Meeks, quien instó al presidente colombiano "a rebajar la violencia y dejar claro que el uso excesivo de la fuerza es inexcusable".
En Ginebra Marta Hurtado, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), dijo: "Estamos profundamente alarmados por los acontecimientos ocurridos en la ciudad de Cali (suroeste) en Colombia la pasada noche, cuando la policía abrió fuego contra los manifestantes que protestaban contra la reforma tributaria, matando e hiriendo a varias personas, según la información recibida".
Lo que empezó el pasado miércoles como una nueva manifestación contra una reforma fiscal ya retirada se transformó en graves protestas contra el gobierno y choques con la fuerza pública.
Ayer, se registraron bloqueos en las vías de los departamentos de Cundinamarca (centro), Meta (centro), Quindío (centro-oeste) y Valle del Cauca (suroeste).
También hubo manifestaciones en Bogotá y en Cali, tercera ciudad del país, capital del Valle del Cauca y la más afectada por los disturbios.
Hurtado hizo "un llamado a la calma, dada la situación extremadamente tensa, con soldados y policías desplegados para vigilar la protesta".
Defensores de derechos humanos y oenegés denuncian amenazas y casos de violencia policial, que incluyen civiles muertos a manos de uniformados.
La Unión Europea se sumó a las advertencias y pidió "evitar el uso desproporcionado de la fuerza".
La Defensoría del Pueblo registró el lunes 19 muertos y 89 personas desaparecidas durante las jornadas de protesta en el país. Por su parte, el Ministerio de Defensa contabilizó 846 heridos, de los cuales son 306 civiles.
Cali, foco de protestas
Las protestas y disturbios encendieron la capital del departamento del Valle del Cauca, Cali, en la noche del lunes. La ciudad de 2,2 millones de habitantes está militarizada desde el viernes por orden del gobierno.
La secretaría de Seguridad local registró ayer cinco muertos y 33 personas heridas durante manifestaciones y desmanes del lunes.
El Defensor del Pueblo (Ombudsman), Carlos Camargo, denunció que una persona de la entidad, junto a otro de la Procuraduría -encargada de indagar irregularidades de funcionarios- y tres defensores de derechos humanos, fueron atacados por la fuerza pública mientras asistían a detenidos en Cali.
Los cinco "fueron objeto de amenazas por parte de agentes de la policía nacional quienes dispararon en repetidas ocasiones al aire y al piso, tiraron granadas aturdidoras, los maltrataron verbalmente y les exigieron retirarse del lugar", precisó.
La ONU participaba en esta comisión, pero no recibió "disparos directos", según indicó en Twitter su oficina local de derechos humanos.
El ministro de Defensa, Diego Molano, evitó referirse al ataque y aseguró que policías y militares son víctimas de agresiones orquestadas por grupos armados.
"El despliegue de la fuerza pública fue demasiado alto, sin precedentes, una cosa aterradora no ingresan mediando con la comunidad sino que ingresan disparando contra la ciudadanía", dijo Yonny Rojas, de la Fundación Créalo que protege los Derechos Humanos en Siloé, un barrio de Cali.
Molano anunció el viernes la llegada a Cali de más de 700 soldados, 500 hombres de la fuerza antidisturbios (Esmad), 1.800 policías y dos helicópteros para apoyar a la fuerza pública local.
"Recordamos a las autoridades del Estado su responsabilidad de proteger los derechos humanos, incluido el derecho a la vida y a la seguridad personal, y de facilitar el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica", advirtió la portavoz de Acnudh.
El presidente conservador, Iván Duque, enfrenta inéditas protestas en las calles desde que subió al poder en 2018.
Sindicatos, indígenas, organizaciones civiles, estudiantes entre otros sectores inconformes exigen un cambio de rumbo a su gobierno.
Las movilizaciones actuales recogen además la desesperación provocada por la pandemia que golpea con fuerza al país de 50 millones de habitantes.
En su peor desempeño en medio siglo, el Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia se hundió 6,8 por ciento en 2020 y el desempleo trepó al 16,8 por ciento en marzo. Casi la mitad la población está en la informalidad y en la pobreza, según cifras oficiales.
Duque saca militares
El presidente Duque sacó los militares a las calles de las principales ciudades para controlar manifestaciones y disturbios que rechazan su reforma tributaria. Pero la decisión causa temor en un país golpeado por más de medio siglo de conflicto armado.
Acompañado por el comandante del ejército, anunció que usará la figura de "asistencia militar" para combatir "a quiénes por la vía de la violencia, el vandalismo y el terrorismo pretenden amedrentar a la sociedad".
Para "la ciudadanía, esta medida fue recibida de manera negativa como una militarización", e incluso como una "represión", advierte Eduardo Bechara, profesor de gobierno y políticas públicas en la Universidad Externado.
Y es que tras seis décadas de un conflicto armado que persiste pese a la firma de la paz con la guerrilla FARC en 2016, los gobiernos están más acostumbrados a lidiar con la guerra en el campo que con las protestas urbanas, coinciden expertos entrevistados.
El ministro de Defensa, Diego Molano, anunció el despliegue de 700 soldados en la capital del Valle del Cauca (suroeste) para enfrentar "organizaciones criminales" que orquestan los disturbios.
Apagar las protestas
Para el subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila, este es un intento por amedrentar la protesta social.
"Creo que es la vieja estrategia de siempre, de que a punta de represión entierran las personas. Es un mensaje para apagar las protestas", afirma el investigador.
En Bogotá y Medellín, los alcaldes de oposición rechazaron la oferta de militarizar sus ciudades. Aún así, soldados patrullan la capital por orden presidencial.
La cifra de efectivos desplegados es reservada. En Colombia hay 266.606 militares y 157.820 policías que dependen del ministerio de Defensa, según datos oficiales.
La militarización se instala mientras la policía está en el ojo del huracán por la manera como reprime las protestas contra el gobierno.
En 2020 la fuerza pública enfrentó a bala movilizaciones contra la brutalidad policial, dejando una docena de muertos y más de medio millar de heridos.
La Corte Suprema de Justicia ordenó luego al ministerio de Defensa pedir disculpas por sus excesos y reformular sus protocolos.
