Juicio en ausencia: se renueva la expectativa de poder juzgar a los acusados por el ataque a la AMIA tras la media sanción de la ley en Diputados
El proyecto vuelve a poner la lupa sobre los implicados, que tienen alerta roja y uno de ellos ya está siendo juzgado en Brasil; ayer despegó hacia la Cámara alta
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La media sanción que ayer obtuvo en Diputados el proyecto de ley sobre juicio en ausencia renovó las expectativas de quienes pujan por sentar en un juicio oral a los responsables de la voladura de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), perpetrada el 18 de julio de 1994. Si bien la Justicia argentina identificó a los presuntos autores, nunca pudo juzgarlos, en parte porque Irán niega participación alguna en el ataque y su legislación prohíbe extraditar a sus ciudadanos.
“Sin ley de juicio en ausencia, la investigación en cuanto a los autores ideológicos y los perpetradores directos a la mano ejecutora, prácticamente no se puede seguir”, explica Franco Fiumara, juez en lo criminal en La Matanza, impulsor y asesor técnico de muchos de los proyectos que hubo en danza. “Para que esto se produzca, tienen que declarar en indagatoria los acusados, los funcionarios iraníes y los miembros de Hezbollah”, añade.
“Es una herramienta fundamental para hacer justicia tanto en casos de terrorismo como ante graves violaciones a los Derechos Humanos”, dice Tomás Farini Duggan, abogado del foro para la democracia y patrocinante de las víctimas del ataque. “Conforme el proyecto de ley, permitirá juzgar a los imputados iraníes y libaneses por el ataque a AMIA y a la Embajada de Israel”, suma, en alusión al atentado cometido dos años antes, que dejó un saldo de 22 muertes.
El proyecto aprobado en Diputados, trabajado por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, tiene un alcance cuidado: habilita el juzgamiento en ausencia de quienes, dentro del territorio nacional, hayan cometido los delitos previstos en la Convención Interamericana contra el Terrorismo, contemplados también en el Estatuto de Roma, que son genocidio, crímenes de guerra, crimen de agresión y de lesa humanidad. Todos ellos imprescriptibles. Resta que sea revalidado por el Senado.
La Justicia tiene identificados a los responsables del ataque, ideado por un grupo de exfuncionarios iraníes –Moshen Rabbani, Ali Fallahijan, Ahmad Vahidi, Ali Akbar Velayati y Ahmad Reza Asghari– y ejecutado por un grupo de individuos ligados al Hezbollah, la organización terrorista de origen libanés.
Uno de los cuatro libaneses, Farouk Abdul Omairi, está en siendo juzgado por la Justicia brasileña, a partir de un convenio que Argentina tiene con el país vecino. Es uno de los 9 responsables identificados por la Justicia que tiene elevada una circular roja en la Interpol, la organización de cooperación internacionales entre países que integran 195 estados.
El expediente local tramita en el Juzgado Federal Número 6, cuya titularidad, vacante desde la jubilación de Rodolfo Canicoba Corral en 2020, cambia regularmente. Desde septiembre de 2024, está bajo la órbita del juez Daniel Rafecas, pero la investigación está delegada en la fiscalía especializada (UFI AMIA) que conduce Sebastián Basso. “Se trabajará conforme a la ley”, se anticipa ante una eventual sanción una fuente judicial que está encima del caso.
Juicio oral y público
“Podría hacerse en modalidad mixta”, imagina el juez Fiumara, sorprendido por el apoyo que cosechó la iniciativa ayer en el recinto. “Los que están ausentes y los que están presentes –sigue–. Los que están ausentes sí o sí vana tener un defensor oficial público. Con un tribunal sorteado, se notifica a todas las partes para que ofrezcan pruebas, que pueden ser nuevas, y con ello se fija la fecha del juicio oral, que sería como uno común, con la presencia de todos los abogados”.
Si el Senado convirtiera en ley el proyecto, el juez estima que desde la elevación a juicio, el tramite debería tomar entre 6 meses y un año. “Es lo que demora en otros países, como Francia, Bulgaria o en Italia”, compara.
“Hoy la legislación argentina protege al delincuente que se logra profugar. Hoy el delincuente prófugo está protegido por la ley. ¿Y cuál es la protección a la víctima? Hoy, ninguna”, razona Luis Czyzewski, padre de Paola, una de las 85 víctimas del ataque.
“La ley de juicio en ausencia en definitiva, de sancionarse, va a permitir que el derecho de las víctimas se equipare al derecho del victimario y va a permitir que se realice el juicio, que, independientemente del resultado del juicio, que puede ser condena o absolución, va a permitir a la sociedad conocer todo lo que hay dentro de la causa y todas las pruebas que básicamente recolectó el fiscal [Alberto] Nisman”, suma.
Por su parte, la diputada Laura Rodríguez Machado, titular de la comisión de Legislación Penal de la Cámara baja e impulsora del texto que recibió media sanción, celebra su despegue hacia el Senado.
“Fue día histórico. Se aprobó un procedimiento legal, que lo tienen la mayoría de los países del mundo para poder avanzar en el juzgamiento y declarar finalmente culpable a los imputados de semejantes crímenes de terrorismo”, dice a LA NACION, y suma: “Espero que el Senado esté a la altura de las circunstancias y apruebe dando la sanción completa a lo se aprobó ayer”.
La DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas) emitió un comunicado con el que felicitó por el “hito alcanzado” a los familiares de las víctimas, a los magistrados y juristas que se involucraron en los distintos proyectos, a los diputados que respaldaron este en particular y, en un renglón aparte, la entidad puso de relieve la tarea del Gobierno como impulsor de la iniciativa.
“Se alcanzó este hito merced al decisivo impulso del Poder Ejecutivo Nacional que elaboró y remitió su propio proyecto a la Cámara de Diputados”, dice el mensaje, que fue encabezado por la frase “satisfacción y emoción de la Daia”.
No todos celebraron la media sanción de este jueves. La organización Memoria Activa, una organización que nuclea a amigos y familiares de las víctimas y que ha mantenido posturas alternativas a la DAIA en distintos aspectos del caso, afirmó en un comunicado que sacó durante el tratamiento del proyecto que el juicio en ausencia es un instrumento “peligroso”, dado el sinuoso recorrido que tuvo el expediente en la Justicia federal.
“Nuestra intención es poner en tela de juicio la idea de que el ‘juicio en ausencia’ podría aportar realmente una solución en este caso en especial. Más bien consideramos que se trata de un instrumento peligroso en función de los antecedentes del caso y, sobre todo, a raíz de la opaca actuación que ha tenido la justicia federal argentina”, señaló la organización, que recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió el año pasado una sentencia “condenatoria” contra el Estado argentino por la violación del derecho a la vida, la verdad histórica, la integridad personal al no haber prevenido el atentado, y “la falta de investigación y su encubrimiento y por las maniobras activas de funcionarios políticos y judiciales para consolidarlo”.
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