“Desconocemos y negamos categóricamente la existencia del dictamen jurídico que habilita pagos sin homologación judicial”, decía el comunicado con el que el Instituto de Previsión Social (IPS) intentó frenar las críticas sobre el derroche de G. 177.656 millones (US$ 27 millones) en gastos judiciales, en apenas 28 meses. Sin embargo, documentos oficiales “bajo llave” y a los cuales accedió ABC desmontan la versión oficial y... + Leer noticia completa
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