El caso de Víctor Hugo Quero, cuyo paradero y estado físico se desconocen desde hace más de 14 meses, ha pasado de ser una omisión administrativa para convertirse en una “política de opacidad” que vulnera tratados internacionales y derechos constitucionales fundamentales. La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) denunció este 10 de marzo que la negativa sistemática a proporcionar información oficial sobre un detenido constituye una... + Leer noticia completa
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