No se trata de una discusión técnica ni de una diferencia administrativa. Se trata de determinar si el Estado está honrando obligaciones jurídicas asumidas en materia de derechos humanos. Uruguay ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, instrumento con jerarquía supralegal que obliga a garantizar el acceso al entorno físico y al transporte (artículo 9), la igualdad y no discriminación (artículo 5),... + Leer noticia completa
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