En el documento, dirigido a las autoridades nacionales y a la opinión pública, las comunidades y organizaciones ayoreo sostienen que el Estado paraguayo estaría “criminalizando el hambre” al impulsar acciones judiciales contra miembros de la comunidad tras las protestas realizadas en agosto de 2024. Según el comunicado, en ese momento reclamaron la provisión de víveres suficientes en el contexto de la emergencia climática que afectó... + Leer noticia completa
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