En el debate del caso de los cuatro menores de Las Malvinas se ha puesto una premisa que, aunque comprensible desde la indignación, es jurídicamente problemática: la idea de que toda violación grave de derechos humanos cometida por agentes estatales debe traducirse automáticamente en responsabilidad política del presidente de la República. Esa premisa es incorrecta.La Constitución ubica al presidente como jefe de Estado, de Gobierno y... + Leer noticia completa
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