La Defensoría del Pueblo radicó una intervención ante el Consejo de Estado dentro de la acción de nulidad presentada contra el Decreto 1469 de 2025, norma mediante la cual el Gobierno nacional fijó el salario mínimo para el año 2026. En el documento dirigido al magistrado Juan Camilo Morales Trujillo, la entidad defendió la legalidad y constitucionalidad del decreto.RELACIONADOSalario mínimo móvil: ¿en qué consiste la propuesta... + Leer noticia completa
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