Lo que el Gobierno proyecta como un hito para la conservación ambiental, las principales mineras del país lo ven con suspicacia y preocupación técnica. La consulta pública para declarar más de 76 mil hectáreas del Salar de Atacama como áreas protegidas ha abierto un complejo frente de conflicto entre el Estado y las empresas que operan en el corazón minero de Chile.La iniciativa busca proteger ecosistemas críticos, incluyendo 34 mil... + Leer noticia completa
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