Esa sospecha, aun cuando no tenga sustento fáctico, es devastadora para la confianza en la persecución penal y alimenta el descrédito institucional. Las fiscales y los fiscales tienen un mandato claro: investigar con objetividad, sin representar intereses políticos ni responder a lógicas de poder contingentes. Su legitimidad no descansa solo en la legalidad de sus actos, sino en algo igual de relevante: la confianza ciudadana en que sus... + Leer noticia completa
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