En Bolivia, la democracia representativa enfrenta un momento crítico. El proceso electoral general previsto para 2025 está siendo asediado por una proliferación de acciones de defensa constitucional presentadas con claros intereses subalternos, cuya finalidad no es la protección de derechos, sino la distorsión de los fines legítimos del Estado de derecho. Ante este escenario, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) tiene el deber... + Leer noticia completa
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