El reclamo pasa justamente por el atraso salarial y la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario Nº 27.795 que fija el presupuesto necesario para el funcionamiento de las universidades nacionales de todo el país y sigue sin ser aplicada por el gobierno nacional, a pesar de que la Justicia ordenó su cumplimiento. En cambio, el Ejecutivo envió un nuevo proyecto al Congreso para modificarla, lo que también generó rechazo de... + Leer noticia completa
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