La reforma introducida por la Ley 27.799 —denominada en la jerga Inocencia Fiscal— aggiorno los montos de los ilícitos formales de la Ley 11.683. El impacto generado fue motivo de crítica de empresarios y sus asesores tributarios. Si bien es indiscutible que los montos se encontraban desactualizados, el modo en que se llevó adelante su incremento abre un debate jurídico ineludible: el de la razonabilidad y la proporcionalidad del... + Leer noticia completa
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