El Gobierno protagonizó una escena poco habitual incluso para la dinámica parlamentaria argentina: envió al Congreso la reforma del Régimen Penal Juvenil, la retiró al día siguiente y anunció que la reenviará corregida. El motivo fue simple y político a la vez: el texto fijaba la edad de imputabilidad en 13 años cuando el acuerdo con aliados era en 14. La explicación oficial intentó bajarle el tono al papelón. Hubo una... + Leer noticia completa
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