La Argentina discute desde hace décadas cómo enfrentar la corrupción estructural que erosiona al Estado, vacía las instituciones y destruye la confianza ciudadana. Sin embargo, existe un mandato constitucional claro, vigente desde la reforma de 1994, que no ha sido plenamente desarrollado ni honrado: la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, prevista en el artículo 36 de la Constitución Nacional.... + Leer noticia completa
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