Atribuciones de la ALP como la elección del Fiscal General, por dos tercios de voto, no pueden ni deben ser transferidas a otro Órgano del Estado, sean cuales sean las circunstancias. No habiendo otra salida constitucional al respecto. Todas las versiones que apuntan a la posibilidad de que el Gobierno recurra a otros mecanismos para designar a la nueva cabeza del Ministerio Público, carecen de sustento y deben ser rechazadas. Cualquier plan... + Leer noticia completa
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