La alarma sonó en varios despachos de los más altos del poder político y judicial del país ante la posible conexión desde la Argentina con la estructura de financiamiento del terrorismo internacional. Era un expediente que se mantenía en estricta reserva pero la difusión en televisión de algunos detalles del caso apuró los tiempos. Funcionarios del Gobierno, de la Unidad de Información Financiera (UIF), de la PROCELAC y de la Justicia... + Leer noticia completa
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