Las detenciones del líder de la Asociación Departamental de Productores de Coca (ADEPCOCA) y la exalcaldesa de El Alto produjeron un gran impacto en las últimas horas. Los sectores sociales y políticos, contrarios al gobierno, denunciaron el inicio de una nueva ola de persecuciones políticas. Lo cierto es que resulta difícil ignorar los contrastes que existen en la actuación de la justica, en especial en éstos dos casos y la forma como actuó en la denuncia de la compra de ambulancias, de la gobernación de Potosí, o la denuncia de las “supuestas coimas” en el proyecto de construcción de la doble vía Sucre – Yamparáez, que compromete a la cúpula de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). El trato de las instituciones del Estado, encargadas de la investigación penal, debe ser el mismo en todos los casos. No se puede tener un doble estándar, en función a las afinidades políticas o cualquier tipo de distinción. La ley tiene que ser pareja para todos. Lo que necesita el país es avanzar en el fortalecimiento del sistema democrático y sus instituciones. La única forma posible es bajo el imperio de la ley. Un Estado de derecho se consolida cuando los gobernantes y gobernados se someten a la constitución y las leyes. Los jueces y fiscales deberían actuar con la misma proporcionalidad en cada caso, sin mirar caras ni reconocer privilegios. Esa es la forma en la que debemos avanzar para superar la crisis política de 2019 y consolidar nuestra democracia. Las reformas judiciales están pendientes. Cada día que pasa se justifican los cambios en el sistema de justicia. Los problemas que arrastramos son estructurales. Han pasado años desde la reforma constitucional y hasta la fecha los cambios y sus resultados son muy pobres. La justicia sigue dando que hablar, incluso por el propio gobierno. El consenso sobre la crisis de la justicia, en la clase dirigente y el conjunto de la población boliviana, es una oportunidad para debatir la raíz del problema y avanzar en una reforma judicial que fortalezca la democracia. A mayor independencia de los órganos del Estado, mayor legitimidad de los gobernantes. En algunas semanas se cumplirá el segundo año de gobierno. Es un tiempo propicio para analizar y ajustar las prioridades. Bolivia está en el tránsito de las grandes reformas al fortalecimiento de las instituciones del Estado, que en muchos casos no gozan de la confianza de los ciudadanos. Nadie se queja cuando la ley es pareja. El país espera que la actuación de la justicia sea imparcial e independiente. Es necesario que todos sean medidos con la misma vara. Las contradicciones afectan la credibilidad de las instituciones y dejan mal parado el discurso oficial, que se confronta con una realidad distinta y difícil de ocultar.

Nuevo Sur Opinión 16 de septiembre de 2022

Por segunda semana consecutiva me ocupo de la creadora de contenidos Albertina Sacaca, pero no por ella sino por las reacciones que provoca en la gente. Cuando afirmé que los ataques que ha sufrido están directamente vinculados al racismo que todavía azota a este país, la asambleísta departamental de Potosí Azucena Fuertes me dio la razón, pero agregó otro motivo: la atacan por ser mujer. La afirmación me dio en qué pensar por provenir... + Leer noticia completa