A través de una carta dirigida a cuatro ministerios del Gobierno, los activistas Pablo Solón y Fátima Monasterio denunciaron que la evaluación de la soya transgénica HB4 usa un marco legal de 1997, que va en contra de la Constitución Política del Estado (CPE). Además, expusieron la necesidad de discutir una nueva ley de regulación de productos genéticamente modificados. “Estamos profundamente preocupados por las declaraciones del... + Leer noticia completa
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