A fines de enero de este año se desató el escándalo judicial por la “liberación” de un feminicida que, condenado a 30 años de presidio sin derecho a indulto, fue fraudulentamente beneficiado con “detención domiciliaria”, situación en la que siguió asesinando a mujeres jóvenes en la ciudad de El Alto. Todos se rasgaron las vestiduras; el Gobierno conformó apresuradamente una “Comisión de seguimiento”, se instruyó la... + Leer noticia completa
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