Las operaciones de grupos organizados conocidos como “consorcios”, conformados por abogados, jueces, fiscales y otros integrantes, son un secreto a voces en los pasillos de los estrados judiciales, del Ministerio Público, de la Policía y de otras instituciones ligadas a la administración de justicia o la persecución de delitos. A cambio de dinero, estos grupos otorgan beneficios a presos, imputados penalmente o a partes (litigantes), en... + Leer noticia completa
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