Tras la divulgación de un informe sobre el pago de una indemnización entre 33.000 y 100.000 bolivianos a familiares de 17 víctimas de Senkata, una representante de este sector y el exdiputado Amilcar Barral abrieron polémica en torno al derecho de seguir exigiendo al Estado un resarcimiento. Según Barral, quien era miembro de la comisión legislativa que investigó las muertes de Senkata, Sacaba y Montero, los familiares de 17 fallecidos ya... + Leer noticia completa
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