Madeleyne Aguilar A. / La Paz Con el pago de 200 bolivianos y tres meses de clases virtuales, funcionarios públicos, asambleístas y autoridades acreditan que hablan un idioma nativo. La Ley 269 y el Estatuto del Funcionario Público exigen ese requisito. Sin embargo, algunos representantes nacionales y trabajadores estatales admiten que pese a tener un certificado no pueden comunicarse en una lengua originaria boliviana. David... + Leer noticia completa
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